Dieciséis de los 64 inmigrantes rescatados el jueves en una patera en el Mar de Alborán y trasladados al puerto de Motril quedaron abandonados en Granada en la noche del domingo porque el Gobierno no les encontró un lugar donde pasar la cuarentena obligada para quienes llegan del extranjero durante la crisis sanitaria. La Secretaría de Estado de Migraciones anunció un protocolo para que autoridades y ONG supieran cómo proceder. Ese protocolo, “prioritario”, aún no existe.

El pasado 15 de mayo entró en vigor la ley que obliga a esa cuarentena de dos semanas para todos los que lleguen a España desde el extranjero. Esta norma es aplicable incluso para quienes son rescatados en el mar cuando viajan a Europa en pateras o para quienes consigan saltar las vallas de Melilla y Ceuta. En el caso de las pateras, los migrantes son recibidos en los puertos y allí reciben la primera asistencia sanitaria y son fichados por la policía. Pasan entonces a centros de inmigrantes, donde pueden estar retenidos hasta 72 horas. Antes de la pandemia, los migrantes eran enviados a algún lugar de su elección —generalmente con algún familiar— o eran acogidos por una ONG. Ahora, en tiempo de pandemia, el Estado debe habilitar los instrumentos necesarios para que pasen la cuarentena con seguridad.

De hecho, la Secretaría de Estado de Migraciones admitió el mismo 15 de mayo que, aunque no contaba con un protocolo para cuando llegara el fin de esas 72 horas, estaba trabajando en él porque lo consideraba “prioritario”. Sería, dijo, el modo de hacer saber a autoridades policiales, Ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales qué pasos seguir para garantizar la cuarentena. Diez días después, el plan aún no se ha dado a conocer. Una portavoz de la Secretaría de Estado explica a EL PAÍS que el protocolo “está siendo estudiado por todos los departamentos del Gobierno implicados en la llegada a costas de personas migrantes”.

El pasado domingo por la noche se cumplía el plazo para dejar en libertad a las 64 personas rescatadas en el Mar de Alborán y trasladadas a Motril; y, con ello, llegaba el momento de trasladarlos a un lugar de cuarentena. El Gobierno solo puedo encontrar ese espacio para 48 de los 64 inmigrantes. Para los 16 restantes no había ningún protocolo ni documento sobre cómo proceder. El Ayuntamiento de Motril decidió entonces llevarlos a Granada y dejarlos a las puertas de la Subdelegación de Gobierno. Allí, sin nadie para recibirlos más que la policía, se hizo cargo de ellos la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y, tras su mediación, el Ayuntamiento de Granada.

Al cumplirse el plazo de las 72 horas, la policía había informado al Ayuntamiento de Motril de la situación. Inmaculada Torres, teniente de alcalde de la localidad, del PP, lo cuenta así: “Con apenas cuatro horas de antelación, nos era imposible acoger a esas 16 personas en la ciudad, ni encontramos hostales. Tampoco las ONG habituales podían. Ante esa situación, puesto que eso es competencia del Gobierno de España, tomamos la decisión lógica de trasladarlos a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada. Hablamos con la subdelegada y, sobre las 21.00, les informamos de que íbamos a trasladarlos allí”. Un portavoz de la Secretaría de Estado de Migraciones explica que tienen 700 plazas liberadas para estos casos pero que se pidió ayuda a Motril para no tener que desplazar a los rescatados.

A medianoche, un microbús había recorrido ya los 70 kilómetros que hay entre Motril y la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Granada. Los 16 inmigrantes fueron recibidos por un pequeño contingente policial y representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Antes de que la gente de la ONG pudiera presentarse, tres de los migrantes ya habían desaparecido, cuenta Natalia García Caballos, miembro de la asociación. “Llegaron sin mascarillas ni ningún elemento de protección”, se lamenta. “Tomamos la decisión de irnos caminando a la plaza del Ayuntamiento”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, les ofreció varias alternativas hasta que dieron con una que era factible. Natalia García explica: “A las tres y pico de la madrugada, y andando más de 40 minutos, llegamos con los 13 inmigrantes al segundo pabellón que nos ofrecieron, donde finalmente han pasado la noche”. El pabellón les ha servido de techo para la noche, pero poco más. “El sitio estaba especialmente sucio y no había nada. Tres colchonetas. Nada de comida, agua, toallas o mantas. Tampoco mascarillas. Pero allí se quedaron, encerrados, porque cerraron la puerta con llave”, describe Natalia García.

El Ayuntamiento de Granada se ha hecho cargo de las 13 personas pero Luis Salvador, alcalde de la ciudad, de Ciudadanos, se muestra especialmente molesto con la situación. “Esta crisis se ha debido a la ineptitud de la subdelegada del Gobierno [Inmaculada López Calahorro], que fue incapaz de darle una solución el domingo al problema de estas personas”, afirmó Salvador, que recriminó al Gobierno que no cumpla con “su responsabilidad” y a mediodía de este lunes instaba a la subdelegada del Gobierno a encontrar un sitio para los inmigrantes antes de que llegara la noche.

“Les daremos comida y los atenderemos hasta entonces pero, a esa hora, o salen hacia otro sitio o los llevaremos de vuelta a la puerta de la subdelegación”, dijo el alcalde. Afortunadamente, pasadas las 17.00, un autobús fletado por Cruz Roja y Cruz Blanca de Sevilla recogía a los 13 argelinos y los llevaba a residencias conveniadas con el Estado en Madrid y Mejorada del Campo.