José Antonio no logra quitársela de la cabeza, aunque ni su nombre ni el de su hijo hayan sobrevivido a las estadísticas. Ocurrió de noche, en la playa grancanaria de Perchel, próxima a Mogán, ese coqueto puerto donde los turistas acostumbran a acompañar la velada con una palometa roja al horno regada con caldos de Icod o de Lanzarote. En la patera viajaban 19 subsaharianos once mujeres, cinco hombres y tres menores, después de días sin otro horizonte que ese océano traicionero. El destino quiso que llegaran a tierra sin que nadie les interceptara. Fue ella quien llamó entonces su atención. Se había arrojado a la playa y en el frenesí del desembarco, había perdido a su hijo. Se le escurrió de la bandolera que llevaba a la espalda. Lloraba como una posesa y las asistencias tuvieron que emplearse a fondo para que no se lanzara de nuevo al agua. Se movilizaron todos los equipos de rescate. El helicóptero Helimar Canarias, la Salvamar Menkalina, la Guardia Civil, el grupo de los GEAS, la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja… Fue inútil. El cuerpo del pequeño no fue hallado hasta dos días más tarde, flotando mar adentro.

El horror en estado puro ha puesto su punto de mira en Canarias. Casi 900 indocumentados han arribado al archipiélago desde que se declaró el estado de alarma en España, algunos después de pasar hasta quince días a merced de las corrientes. José Antonio Rodríguez Verona es el responsable del Grupo de Respuesta Inmediata de Emergencias de Cruz Roja en Gran Canaria, la primera línea de quienes luchan por devolver la dignidad a esos desgraciados que arroja la marea. Primero les someten al triaje del enfermero, que comprueba si son capaces de caminar por sí mismos, les toma la temperatura y desvía a los que están en peor estado al hospital de campaña. Les facilitan ropa nueva y se aseguran de que conserven su dinero, la documentación. El siguiente paso es un té caliente la mayoría llegan deshidratados y galletas. Llevan tiempo sin comer y no conviene atiborrarles. La filiación, la puesta a disposición judicial, el paso a albergues de que dispone el Gobierno canario… Un protocolo que se ha convertido en el pan de cada día.

El drama de la inmigración ha vuelto a hincar sus dientes en la ruta canaria, la más peligrosa para quienes están dispuestos a arriesgarlo todo. No es que antes dejara de contar para las redes que hacen fortuna con el tráfico de personas, pero el férreo control que ejerce Marruecos sobre las vallas de Ceuta y Melilla, subvencionado desde el pasado septiembre por las autoridades europeas, ha obligado a las mafias a cambiar el paso y volver la vista al sur del reino alauí, al Sahara Occidental y Mauritania, donde aguardan las pateras y cayucos en los que embarcan los desheredados de la tierra. 2.113 personas han llegado al archipiélago canario desde el pasado 1 de enero. Son casi siete veces más que el año pasado por estas fechas, a bordo de 65 embarcaciones donde nadie en el Primer Mundo desearía subir jamás.

«Cárceles a cielo abierto»
José Antonio ha sido testigo de tragedias capaces de nublar el sentido al más templado. Como cuando descubrió 15 cadáveres en el fondo de un cayuco donde viajaban un centenar de personas (el récord lo tiene uno que llegó a Tenerife con 234). O esa otra vez en la playa de Arinaga, «cuando nueve personas que habían permanecido una semana sin moverse se ahogaron en un metro de profundidad al no poder incorporarse».

¿Cómo se vive con eso? Txema Santana, periodista y colaborador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), lleva la cuenta, semana a semana, de lo que deja la marea a su paso. «En enero contabilizábamos 24 personas al día. En febrero eran 14, pero naufragaron cuatro pateras, así que ¿quién sabe? Como son salidas clandestinas, el cálculo de víctimas es complicado. Desde marzo, la ruta se ha visto afectada por la pandemia, pero mantiene sus constantes vitales». A tenor de las cifras, Santana saca sus conclusiones, la más evidente, la incorporación de mujeres a la ruta atlántica, a menudo con bebés a su cargo, lo que obliga a cambiar recursos para facilitarles un servicio de acogida digno. La segunda, el aumento exponencial de una población para la que no existen recursos suficientes. «No podemos convertir las Islas Canarias en una cárcel a cielo abierto», alerta.

35 inmigrantes llegados a Puerto del Rosario, en Fuerteventura, a finales del pasado abril reciben asistencia de Cruz Roja. | Un sanitario atiende a un bebé nacido durante la travesía mientras una mujer rescatada por un velero llega a Mogán tras diez días de travesía. / EFE
El viaje oscila entre 300 y 900 euros, según las circunstancias de cada cual, cuando un vuelo desde El Aaiún a Gran Canaria sale por 200 euros y dura apenas 40 minutos. En el precio influye el sexo, si la mujer está embarazada, si accede a colaborar con la red una vez en tierra… «Las mafias engordan sus cuentas, no importa que eso signifique poner en peligro vidas, y se convierten en algunos sitios en una sombra de la Administración. Tenemos que dejar de mirar a otro lado».

La situación en las islas se agrava por momentos. Han cerrado los dos centros de internamiento de extranjeros (CIE), el de Barranco Seco en Gran Canaria y Olla Fría en Tenerife: el primero tras detectarse Covid-19 en una celda donde dormían seis personas, el segundo al contagiarse los funcionarios. De manera que los inmigrantes ilegales pertrechados únicamente con la tarjeta roja de estancia mientras se sustancia la solicitud de asilo deambulan a su aire en un escenario pandémico, refugiándose allá donde les hacen un hueco. Esto plantea a los cabildos un problema que en pleno confinamiento pasaba desapercibido, pero que en plena fase 2 se está mostrando en toda su crudeza.

«El virus ha interrumpido las deportaciones, pero desde semanas antes de que estallara tampoco había traslados a la Península», denuncia Paloma Faviedes, experta en derecho de asilo. «El mensaje que el Gobierno quiere trasladar, aunque no lo diga abiertamente, es claro: entrar en Canarias no es lo mismo que hacerlo en Europa. Pero no se puede poner puertas al campo, «cuando cierras una ruta, estás abriendo otra». La abogada apela a que el Estado respete las garantías de estas personas. «Antes de la pandemia, España estaba devolviendo malienses a Mauritania la colaboración empezó tras la crisis de los cayucos, un país de paso para ellos, sin preocuparse de en qué condiciones se quedaban allí». El pacto de emigración y asilo de la Comisión Europea, previsto para marzo, todavía no se ha firmado, y la experta teme que «los países se escuden en el Covid para blindar más aún sus fronteras».

«Marruecos en un actor clave en el control de las rutas migratorias, desde el pasado septiembre es el gendarme de Europa»
GEMMA PINYOL | EXPERTA EN POLÍTICAS MIGRATORIAS

«España ha endurecido su discurso en los últimos meses y el mensaje es claro: entrar en Canarias no es lo mismo que hacerlo en Europa»
PALOMA FAVIERES | ABOGADA DE CEAR

«Cada vez son más las mujeres que se arriesgan a cruzar el océano con sus bebés. Muchas están embarazadas y dan a luz durante la travesía»
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ | CRUZ ROJA EN GRAN CANARIA

«Abrir rutas más peligrosas requiere robustecer las mafias, que exponen a los más débiles para obtener beneficios»
HELENA MALENO | ‘CAMINANDO FRONTERAS’

Estrategia de la disuasión
Paloma no es la única en verlo así. Gemma Pinyol es directora de Políticas Migratorias de Instrategies, una consultoría que colabora con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. A su juicio, «el control de las fronteras pasa ahora por externalizar servicios a terceros países, convertirlos en tu gendarme. Ocurre con Marruecos, un actor clave para España, como Libia lo es para Italia y Turquía para Grecia. La cooperación mediterránea es más eficiente y, en consecuencia, se intensifica la ruta canaria, la más arriesgada, aunque no la que se cobra más vidas.

La Organización Internacional para las Migraciones calcula que el número de personas que mueren en el Sáhara tratando de llegar a la costa duplica al de los que fallecen tratando de cruzar el Mediterráneo, donde en los últimos años muchos pesqueros renuncian a efectuar rescates porque nadie quiere que le acusen luego de ‘proteger’ a las redes de traficantes.

Inmigrantes rescatados por la Salvamar Menkalinan llegan al puerto grancanario de Arguineguín.
Inmigrantes rescatados por la Salvamar Menkalinan llegan al puerto grancanario de Arguineguín. / EFE
Lo sabe muy bien Helena Maleno, de la ONG ‘Caminando Fronteras’, acusada, primero por las autoridades españolas y luego encausada por las marroquíes, de favorecer la inmigración ilegal y de asociarse con malhechores por alertar a Salvamento Marítimo de las pateras que atraviesan dificultades. Para cuando los jueces concluyeron que Helena no había incurrido en delito pasaron cinco años, además de un rosario de «amenazas de muerte y un intento de asesinato». Su caso desató una cascada de reacciones de solidaridad internacionales, incluida Naciones Unidas.

«El aumento de la inmigración a Canarias coincide con los acuerdos firmados el pasado septiembre por Marruecos con la UE y responden a una estrategia de disuasión, como antes lo fueron las operaciones ‘Hera’ o ‘Indalo’. Se militarizan amplias zonas para que resulte más difícil cruzar. Se abren así rutas más complicadas que consiguen un efecto perverso, robustecer a las mafias, que encuentran una oportunidad de negocio a menudo a costa de más vidas humanas».

Helena no está de acuerdo con que exista un ‘efecto llamada’, «lo que hay es un efecto salida’, fruto de las guerras y penurias económicas que esta gente sufre en sus países de origen». Cuando se le pregunta por la gente que estos días deambula a su suerte por Canarias y el riesgo que esto supone durante una emergencia epidemiológica, no alberga dudas. «Los Estados deberían ayudar a todos, ya sean autóctonos o extranjeros. El virus no entiende si eres o no inmigrante».

Daniel Arencibia es abogado en una multinacional, pero también un hombre comprometido con la causa de los más débiles, lo que le ha llevado a colaborar de manera desinteresada con SOS Racismo o ‘Caminando Fronteras’. Acompaña a los inmigrantes cuando se disponen a viajar, media por ellos ante las autoridades, contacta con sus familias, mira por que regularicen su situación… «Esta gente no tiene recursos ni nadie que vele por sus derechos», afirma.

Al detalle
2.113
migrantes ilegales han arribado a Canarias desde el 1 de enero, 1.784 más que en 2019 por estas fechas (542,2% más). A este ritmo, 2020 cerrará con 6.000 entradas.
69
embarcaciones han llegado al archipiélago en el mismo periodo, frente a las 30 registradas el año pasado (aumento del 130%).
En 2012, una patrullera de la Guardia Civil embistió a una patera y murieron siete inmigrantes. No aparecieron los cadáveres y la causa se cerró «por que no se pudo determinar que las víctimas viajaran a bordo», aunque había vídeos que se filtraron a la prensa. Daniel emprendió entonces una batalla para que los rescates se efectuaron con embarcaciones neumáticas de Salvamento Marítimo y no las rígidas de la Guardia Civil. También ayudó a doce jóvenes que llegaron, deshidratados, a la playa de Maspalomas y a los que se denegó el traslado a un hospital. Su caso fue denunciado ante el delegado del Gobierno. Archivado. O aquel otro, éste ya en Ceuta, en el que un asalto de 200 personas fue repelido con pelotas de goma y botes de humo en la playa de Tarajal, y en el que catorce indocumentados perdieron la vida. Sobreseído y recurrido por las ONG.

«Asisto casos con fallecidos en los que hay una actuación irregular de la autoridad desliza Daniel, inasequible al desaliento. Es bueno que la Administración sepa que también es vigilada, así modifica sus protocolos de actuación y es más cuidadosa». Es un ángel de la guarda en un mundo de tiburones. Y mientras tanto, el goteo continúa.

245 fallecidos de enero a marzo, el 90% sin que se encontrara el cuerpo
La ruta canaria se cobra su tributo en vidas con dolorosa regularidad. El Atlántico sencillamente se las traga, desaparecen en el fragor de la tormenta, embestidos por mercantes o arrastrados por las corrientes hasta quedarse sin agua ni alimento. ‘Caminando Fronteras’ calcula que sólo durante el primer trimestre de este año fallecieron 245 personas en el océano, aunque el 90% de los cuerpos no han sido encontrados. ¿Cómo determinar las víctimas de esa actividad clandestina, siempre al abrigo de las sombras?

«Esta gente sabe que corre un riesgo muy grande, algunos incluso que van a morir, y dejan un rastro a sus familias o a las comunidades a las que pertenecen», explica Helena Maleno, veinte años sirviendo de salvavidas a aquellos que se lanzan a una aventura de final incierto. Hay que estar hecha de una pasta muy especial para enseñar a alguien que se está hundiendo cómo establecer su localización por wasap. Las cifras que maneja están contrastadas con parientes y amigos, gente que sabía de sus planes y a quien se informa de naufragios y desapariciones.

«Tenemos un teléfono de alertas operativo las 24 horas y un estrecho contacto con las organizaciones de migrantes, algunas reconocidas por su propia embajada, como es el caso de Congo». En cuanto recibimos una llamada de auxilio o constatamos que no ha llegado a tierra quien tenía que haberlo hecho, se da aviso a las autoridades marroquíes y a la Guardia Civil, que es la que coordina en Canarias los servicios de rescate».