El resultado positivo en la prueba del coronavirus de uno de los inmigrantes que el pasado domingo llegó al sur de Gran Canaria, y que permaneció 72 horas en la comisaría de Maspalomas, viene a empeorar la situación de acogida para las personas que arriban en patera y que además deben pasar la cuarentena obligada por el Ministerio de Sanidad.

Los 17 adultos que llegaron en esta embarcación fueron trasladados el miércoles al albergue que la ONG Oportunidades de Vida tiene en Tafira Baja. Aquí se iban a derivar también otras 63 personas mayores de edad que alcanzaron la costa en otras dos pateras esta semana. Sin embargo, esta posibilidad ya no existe puesto que los primeros inmigrantes deben ahora permanecer aislados en este centro después de que su compañero diera positivo, con lo que se agrava la falta de espacios de acogida.

Esta situación genera además otro problema. Y es que tanto los policías que trabajaron entre el domingo y el miércoles en la comisaría de Maspalomas, como los detenidos o cualquier otra persona que pasara por este centro deben tener un seguimiento para conocer si fueron contagiados. De momento, ayer se estaba procediendo a realizar listados con los agentes que tuvieron contacto con los inmigrantes.

Las condiciones generadas tras la pandemia, como la suspensión de las devoluciones y el parón en el traslado a otras comunidades autónomas o el cierre del CIE de Barranco Seco ha agotado las plazas de los centros de acogida, una situación que se ha visto agravada desde hace una semana por la obligación de pasar una cuarentena de 14 días. Las ONG han tenido que recurrir a espacios públicos pero, tal como apuntaba CEAR recientemente, a partir del lunes, con la fase 2 de la desescalada, tendrán que devolverse a las administraciones locales para las actividades habituales de los usuarios.

Esta falta de espacio ha obligado a trasladar a los inmigrantes a las dependencias policiales – incluidos las cinco madres con niños que fueron encerradas en la comisaría de Fronteras, en el Puerto – hasta encontrar un lugar donde acogerlos.

De momento, ni la Delegación del Gobierno en Canarias ni el Ministerio de Inclusión y Migraciones se ha pronunciado sobre esta situación.