Imagine el lector una gigantesca balanza donde se computan a un lado todas las prestaciones y servicios que reciben los inmigrantes y al otro el consumo que realizan. Ikuspegi, el observatorio vasco de la inmigración, ha echado las cuentas. El resultado es que aportan casi el doble de lo que reciben.

Vamos al detalle. Según el estudio presentado hoy–confeccionado con las cifras oficiales de 2018–, la inversión que dedican las diferentes administraciones públicas a este colectivo asciende a 714.912.000 euros mientras que su aportación a la economía vasca es de 1.525.292.820 euros –un nada desdeñable 2,06% del PIB–. El saldo es positivo por 810.380.818 euros.

¿Cómo se han echado estas cuentas? El gasto incluye la inversión en vivienda, educación, sanidad y prestaciones sociales. Así, en grandes cifras, la RGI y representa 200 millones de euros –y otros 68 sus complementos–, las ayudas al alquiler –como Alokabide o Etxebide– suponen 32 millones, la Sanidad requiere 157 millones y la Educación 224 millones.Al otro lado de la balanza se computan el consumo y aportación en bienes y servicios de las familias de origen extranjero, su capacidad de ahorro y su contribución a la economía en la estructura de empresas propias». Se ha recurrido a la encuesta del gasto familiar del Eustat y al estudio de la pobreza y las desigualdades sociales de 2018. El gasto mensual de los hogares extranjeros asciende, de media, a 1.565 euros. Hay 81.219 familias de origen extranjero. En el informe ha colaborado la consultora Cultumetrí.

Cabe destacar que el documento se ha realizado antes de la crisis sanitaria y que la economía sumergida queda fuera para evitar controversias sobre cifras que son difíciles de precisar. «No nos han sorprendido los resultados, que son similares en otros países de EE UU y Europa», valoró Arkaitz Fullaondo, investigador de Ikuspegi. El estudio completa otro de 2016 en que se analizó el impacto «en la aportación fiscal» y que mostró una balanza positiva incluso en tiempos de crisis. «La percepción de la inmigración está muy vinculada a la situación económica», recordó Fullaondo.

El informe de Ikuspegi tumba la falsa creencia de que la población inmigrante recibe más de lo que aporta en Euskadi. Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco, destacó que «estas cifras rompen los estereotipos sobre un colectivo que no es subsidiado ni dependiente del erario público».

La crisis económica provocada por el coronavirus es previsible que se deje notar en estos cálculos «ya que la población inmigrante está en mayor medida en situaciones de temporalidad o precariedad pero no es previsible que haga cambiar la balanza porque el margen es grande. Son 810 millones», señaló Fullaondo.