Setenta días después, Marruecos consentirá hoy en repatriar a parte de los 350 ciudadanos que dejó atrapados en Ceuta y Melilla cuando unilateralmente cerró su frontera el 13 de marzo y cuya acogida en régimen de confinamiento ha corrido no a cuenta del Gobierno, sino de las respectivas administraciones locales.

Ambas han venido reclamando en vano gestiones a Pedro Sánchez para revertir esta situación, que ha generado problemas de convivencia, amén de gastos de 300.000 euros al mes en Melilla y de medio millón en Ceuta en concepto de alojamiento, alimentación y cobertura de necesidades básicas. La logística ha requerido improvisar naves, polideportivos o plazas de toros para albergar a estas personas, en su mayoría viajeros transfronterizos, aunque debido a los rigores del estado de alarma, también han tenido que cumplir encierro forzoso en esos espacios inmigrantes y menores no acompañados.

Según la Delegación del Gobierno en Ceuta, Rabat trasladará a su país a los atrapados de forma «escalonada» antes del fin del Ramadán, que se celebra el domingo.

El fin de este episodio coincide con el inicio de otro problema fruto de la imprevisión del Ministerio de Inclusión en cuanto a la gestión migratoria durante esta pandemia. Se trata de la no disponibilidad de plazas para poner en cuarentena, como ha dictado Sanidad, a quienes están llegando a España en pateras, que además en las últimas horas se están multiplicando. En el Mediterráneo oriental y Levante se ha registrado una docena con 200 personas a bordo.

Menores en la sala de rechazo
En el caso de Canarias esta situación se está traduciendo en internamientos en calabozos todo lo que permite la ley, 72 horas, cuando los trámites no exigen la presencia de inmigrantes en las comisarías ni 24 horas, según fuentes policiales.

Ayer se dio un paso más en ese despropósito porque seis mujeres y otras cinco con cinco niños, todas desembarcadas el miércoles tarde en Arguineguín, al sur de Gran Canarias, iban a tener que pasar la segunda noche de encierro en la Jefatura Superior de Canarias, concretamente en la sala de rechazos de Extranjería. Policía y CEAR se esforzaban al cierre de este diario por evitar esta «anormalidad», puesto que su destino «siempre» son casas tuteladas. Junto a ellas viajaban 18 varones que ingresaron en los calabozos de la comisaría de Maspalomas.

La incomodidad por la desorganización del Gobierno ha llevado a la Policía a recordar que, anexo a la comisaría de Tenerife Sur, en Canarias hay un centro de internamiento temporal de extranjeros que las ONG gestionaban en la época de la crisis de los cayucos que hoy no tiene uso, que es una instalación totalmente digna y adecuada para un régimen como el de las cuarentenas y que consta de más de 300 plazas.

En Murcia, en comisaría iban a pasar también la segunda noche 18 inmigrantes de dos pateras rescatadas el miércoles y la primera los 44 de otras tres socorridas ayer. Su Delegación del gobierno aseguró que su acogida está garantizada por una ONG, pero que les faltaba un informe.