La confirmación de que los inmigrantes aportan a Euskadi casi el doble de lo que reciben en forma de ayudas y servicios debería desterrar de una vez estereotipos simplistas basados en la demagogia, el desconocimiento o la mala fe. Entre ellos, que se trata de un colectivo que vive subsidiado y a expensas de las arcas públicas. Las personas procedentes de otros países, que han aumentado en más de 19.000 en el último año y superan las 241.000 –un 10,9% de la población–, contribuyen al progreso y el bienestar de la sociedad vasca. No solo desempeñan trabajos imprescindibles que los autóctonos rechazan, sino que nutren el consumo, engrosan la recaudación fiscal y financian una parte de las pensiones en un volumen muy superior al de los recursos públicos que reciben. A esa aportación monetaria habría que sumar el enriquecimiento que para la convivencia supone la mezcla con otras culturas y su empujón a una natalidad bajo mínimos en una Euskadi envejecida. La tolerancia hacia los inmigrantes –al alza en los últimos años– suele vincularse a la coyuntura económica. La recesión que se avecina no puede ocultar que el País Vasco los necesita para asentar su presente y construir su futuro.