El caso Tarajal, con seis años ya de instrucción a sus espaldas, aún depara sorpresas. La juez que lleva el proceso ha decidido ahora, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Cádiz, obligar a las ONG personadas como acusaciones populares a juntarse todas bajo una misma “dirección letrada” para poder seguir en la causa abierta por la muerte de, al menos, 15 inmigrantes el 6 de febrero de 2014 en la frontera de Ceuta con Marruecos, cuando trataban de alcanzar a nado la costa española entre disparos de pelotas de gomas de la Guardia Civil. La magistrada María de la Luz Lozano emite este dictamen cuando todavía se encuentra pendiente de resolución el recurso presentado contra el archivo del caso que ella misma ordenó el pasado octubre.

Según consta en el auto emitido por la Audiencia Provincial de Cádiz, fechado el pasado 11 de marzo y que apoya la resolución de la juez, esta medida no afecta a los derechos de las acusaciones populares y se toma con la única finalidad de “evitar el riesgo de dilaciones indebidas”. Una tesis que rechazan las ONG personadas en el proceso, que no comprenden cómo se puede tomar ahora esta decisión para combatir retrasos, cuando la instrucción acumula ya más de seis años; según explican a EL PAÍS fuentes de estos colectivos. “Las dilaciones sufridas en el procedimiento son exclusivamente imputables a la instructora”, protestó, por ejemplo, el Observatorio Desc.

Esta investigación judicial se abrió después de que 15 inmigrantes fallecieran el 6 de febrero de 2014 en la frontera cuando trataban de llegar a nado a la playa ceutí de Tarajal mientras la Guardia Civil usaba material antidisturbios para impedirlo. Tras varios archivos provisionales, las ONG lograron que el juzgado procesara el pasado septiembre a 16 de los agentes que participaron en el operativo por homicidio imprudente y denegación de auxilio. Con gran prudencia, Lozano escribía en ese auto que existían indicios —"que no pruebas"— de delito y que la actuación de las fuerzas de seguridad “pudo contribuir, co-causalmente”, a las muertes.

“Es claro que en el mar había personas migrantes que podían sufrir un mal, incluso la pérdida de la vida, y que debían ser auxiliadas por los agentes investigados, los cuales podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión”, rezaba el escrito, muy celebrado por las acusaciones populares. Pero la alegría les duró poco. Apenas un mes después, la juez aceptó la petición de las defensas de los guardias civiles de archivar el caso aplicando la doctrina Botín: como la Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusan —y no hay acusación particular—, no se puede seguir adelante.

Una decisión que todavía no es firme. Las ONG recurrieron y la Audiencia Provincial aún no se ha pronunciado. Mientras eso ocurre, la juez ha dado otro paso y obliga a unificar las acusaciones populares. “Condicionando así nuestra acción”, subrayó Desc. “Son ya cinco años exigiendo justicia y reparación para las víctimas”, destacó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Los colectivos llevan años denunciando los obstáculos que se están encontrando para poder llegar a juicio. Subrayan que varias veces se ha archivado la investigación y también que se ha denegado que familiares de las víctimas pudieran personarse como acusación particular.