Aiyoush y Suliman llevan casi dos meses sin ver a su hijo Aziz. Todos viven en Melilla, pero les separa un abismo burocrático. El pequeño, de tres años y nacido en Argelia, está acogido en el centro Gota de Leche, tutelado por la ciudad autónoma. Sus padres, sirios, esperan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) las pruebas de ADN que certifiquen que Aziz es su hijo.

“El niño estaba muy unido a su padre y le echa mucho de menos. Le pide a su padre que lo saque de allí”, describe Aiyoush, la madre, tras enviar un vídeo en el que su hijo llora desconsoladamente en la puerta del centro. Antes del decreto de alarma, podía acercarse a verle, pero tras el confinamiento las visitas están suspendidas.

Según la Secretaría de Estado de Migraciones, hasta 25 familias sirias están acogidas en el CETI de Melilla, un alojamiento temporal preparado para acoger a 782 personas en el que conviven, en cuarentena, unas 1.600. De esas familias, una veintena podrían estar esperando los resultados del ADN que prueben la filiación. Sin esas pruebas no entran en las listas que elabora la Policía para autorizar los traslados de los residentes a un alojamiento de la Península, según testimonios recogidos por EL PAÍS. Aziz es el único niño separado de sus padres.

Melilla, junto a Ceuta, es un territorio de excepción a la legislación española. Las dos ciudades autónomas son los únicos lugares donde los solicitantes de asilo no tienen libertad de movimiento, algo contra lo que se han emitido varias sentencias en los últimos años. Los residentes del CETI dependen del permiso del Ministerio de Interior, para cambiar de ciudad. A pesar de la saturación de los centros, especialmente el de Melilla, las salidas se han producido con cuentagotas (uno en Melilla y dos en Ceuta) desde el decreto del estado de alarma. Aun recibiendo los resultados de sus pruebas, las posibilidades de salir de estas familias sirias son remotas. Interior, a pesar de la presión ejercida por el Defensor del Pueblo y la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) no tiene previsto realizar “a corto plazo” más traslados.

Las pruebas genéticas se realizan cuando las autoridades españolas no pueden verificar por medios documentales los vínculos familiares o dudan de la documentación. Para los padres de niños nacidos en el exilio, documentar a sus hijos mientras saltan de un país a otro es una odisea.

La administración autonómica asume la tutela de los menores a la espera de que se resuelvan los test. El proceso suele tardar un mes, aclaran desde la Delegación del Gobierno de Melilla. Los resultados ya acumulaban retraso y la emergencia sanitaria acabó paralizando el proceso. Suliman y Aiyoush llevan dos meses más de lo previsto esperando. Según el consejero de Familia y Menor del Ejecutivo local, Mohamed Al-lal, intentan que la familia se mantenga unida si los padres, que pueden solicitar un certificado a la Consejería, se encuentran en el CETI. Para estos padres, esa solicitud llegó tarde, en vísperas de la cuarentena.

Los problemas de las familias que huyen de Siria, que lleva una década en guerra civil, se acrecienta en la frontera con Marruecos, donde no existe un sistema nacional de asilo ni una ley que proteja a los refugiados. La historia de esta pareja y sus hijos ilustra el drama de las familias de refugiados divididas por la valla. El 27 de enero, la joven madre consiguió cruzar la frontera pagando 1.000 euros. Un día y otros 1.000 euros después, cruzó su otra hija, Haya, nacida en Marruecos y aún lactante. Aiyoush la recogió en la frontera de los brazos de una mujer marroquí que la hizo pasar por hija suya. El día 29 era el turno de Aziz. Dos mujeres intentaron atravesar el paso fronterizo de Beni Ensar, el único cruce internacional en Melilla, con el niño. Lo habían sedado, presumiblemente para que no llorase y evitar ser descubiertas, informó la Policía Nacional en Melilla. Ambas mujeres fueron detenidas. “No existe ningún padre que pueda drogar a su hijo”, se indigna Suliman recordando por teléfono el episodio, “si lo hubiese sabido, habría pagado más por llevarlo con otras personas”. Él entró en Melilla el 2 de febrero. En total, pagaron 7.000 euros, afirma.

Hula y Abdelkader (nombres ficticios para proteger su identidad) también aguardan el resultado de las pruebas de ADN para intentar salir de Melilla. Su bebé de apenas tres meses nació en el hospital Hassani de Nador, donde recibieron la partida de nacimiento y nada más. El niño no tiene pasaporte, no está inscrito en ningún registro, ni siquiera tuvieron tiempo de actualizar el Libro de Familia. Con solo dos semanas, el bebé cruzó en brazos de otra persona que se lo entregó a su madre en el lado español del puesto fronterizo.