Desde que el 14 de marzo se declaró el estado de alarma la llegada de inmigrantes a las costas canarias ha disminuido en relación a los dos primeros meses del año, pero no se ha frenado por completo: con la patera que fue rescatada y trasladada ayer a Fuerteventura ya son seis las embarcaciones que han arribado a las islas durante la crisis del coronavirus, con un total de 177 personas a bordo, que han sido derivados a centros de acogida social.

El juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, señala que como medida de precaución para evitar posibles contagios, los inmigrantes que han llegado durante las últimas dos semanas no han sido trasladados a los centros de internamiento de extranjeros en las islas hay dos en funcionamiento, el de Barranco Seco en Gran Canaria y Hoya Fría en Tenerife, ambos al 60% de ocupación sino a otros alojamientos alternativos gestionados por organizaciones humanitarias y ONG.

«Siguen llegando pateras porque a quienes vienen huyendo del hambre y de la guerra no les frena el coronavirus», señala, «pero los inmigrantes que llegan estos días no van a los CIE sino a centros de acogida social, ya sean de Cruz Roja o de CEAR, que han sido habilitados para ello y que cuentan con plazas suficientes», añade. El propósito es que los CIE se mantengan aislados. «Como son una comunidad cerrada no ha habido contagios», señala Díaz Tejera, «los internos solo tienen contacto con los policías, que tienen mascarillas, guantes y mantienen la distancia mínima». Aunque entre los internos no se ha detectado ningún caso, la Policía Nacional ha confirmado que un agente de Hoya Fría ha dado positivo.

Las restricciones impuestas por el estado de alarma han paralizado los procesos de expulsión desde las islas con vuelos a Mauritania, en los que estaban devolviendo también a ciudadanos de Mali, país que sufre un conflicto bélico. «Hasta donde yo tengo conocimiento no ha habido ninguna devolución desde que se decretó el estado de alarma», señala el juez.

Cuando los internos en los CIE cumplen el máximo de 60 días que marca la ley sin que se haya tramitado su expediente, son puestos en libertad, y ya se han dado casos de quienes han dejado el centro de internamiento sin tener dónde cumplir el obligado confinamiento. «Ninguno se queda en la calle», asegura Díaz Tejera, «son acogidos en los centros sociales donde se les da alojamiento, comida, ropa y asistencia sanitaria», añade.