Su vida actual se reduce a diez metros cuadrados. Son tres. Jairo nombre ficticio, su esposa y su hija menor. El estado de alarma les ha atrincherado en el dormitorio del piso patera en el que se instalaron hace tres meses. Ubicado en un barrio de Vitoria, tras su puerta se agolpan hasta doce personas en apenas 85 metros cuadrados. Un confinamiento que sabe a tormento.

«Hacemos turnos para todo. Para ir al baño, para comer. Bañarse es muy complicado. Algunos se ofuscan si está ocupado», relata Jairo, extranjero que hace medio año arribó al País Vasco ilusionado con un futuro mejor. El perfil de su familia dista mucho de la marginalidad. Su mujer también foránea trabaja a turnos. Su hija es una alumna más. Todo era luz hasta que se les enquistó el alquiler, mal endémico en Vitoria.

Acabaron en este piso patera «pese a que podemos pagar hasta 750 euros». En todas las agencias les exigieron un aval del que carecen. Su habitación-zulo la descubrieron en una web de anuncios. Sueltan 500 euros al mes a la casera, otra vitoriana de nuevo cuño que figura como única arrendataria legal. Convirtió el salón en su casa, donde convive con varios familiares, y alquiló en ‘b’ los tres dormitorios. A 500 euros cada uno. «Tenemos oído que ella paga unos 900 euros a la dueña, que nada sabe de este negocio y tampoco queremos que lo sepa, acabaríamos en la calle».

«Mi hija no sale del dormitorio. Aquí viven hombres a los que no conocemos de nada»
JAIRO, INQUILINO DE UN PISO PATERA

Jairo tiene «miedo». Miedo a contagiarse. Miedo a que le echen de esta vivienda. Miedo por su familia. «La niña no sale del dormitorio. Hay hombres adultos en la casa a los que no conozco».

Justo antes de decretarse la cuarentena hicieron una gran compra de alimentos y reponen cada poco. Esa es la única ocasión en que sale al exterior. «En ocasiones nos ha desaparecido comida». El resto de inquilinos calla cuando les preguntan.

«Somos demasiado legales»
Desde que los doce coinciden bajo techo gran parte del día, las facturas del agua y el gas se han disparado. «Nuestra arrendadora quiso subirnos la tarifa a raíz de eso. Nos negamos, claro». Jairo anda en el tramo final para regularizar su situación. Le faltan «un par de papeles», que andarán en algún cajón por el parón total a causa del coronavirus. «Podría trabajar en negro, pero eso paralizaría mi regularización si me pillaran. Mi mujer paga impuestos. Somos demasiado legales», se lamenta

«Estoy preocupado. La situación en la casa es dura. Si sales al pasillo te chocas con alguien, no se puede estar más de cinco minutos en el baño. En cualquier momento esto va a reventar augura. No queremos ayudas sociales, sí un piso de alquiler social o libre. Podemos abonar hasta 750 euros. Si el alcalde o alguien con disponibilidad nos lee, sepan que necesitamos ayuda».