El Gobierno ultima la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital para blindar a aquellas personas o familias que carezcan de rentas suficientes debido al impacto de la crisis del coronavirus. Así lo ha anunciado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, en rueda de prensa este miércoles. “El Gobierno está comprometido con un ingreso mínimo vital”, ha afirmado el ministro, sin dar, no obstante, detalles sobre la cuantía, requisitos, extensión o dotación económica del mismo. Sí ha confirmado que el Ejecutivo trabaja en dicha dirección para minimizar el impacto económico del covid-19 entre los más vulnerables y que proximamente presentarán un proyecto con todos los detalles.

Un ingreso mínimo vital era una de las fórmulas que el Gobierno tenía encima de la mesa desde hace días para llegar a aquellos colectivos que no puedan acogerse a las prestaciones de paro extraordinarias para los afectados por un erte, al cese de actividad para los autónomos u otros ingresos aprobados en los últimos Consejos de Ministros. Los ministros de Unidas Podemos han insistido en los últimos días en que el Ejecutivo de un empujón a dicho proyecto de ingreso mínimo vital y lo apruebe en la mayor brevedad. Una medida que el propio ministro Escrivá ha reconocido que ya formaba parte de los objetivos para la presente legislatura, al margen de la emergencia del coronavirus.

Antes de que la pandemia estallase, Pedro Sánchez estaba determinado a convertir el ingreso mínimo vital en la medida estrella de la legislatura. De hecho, según sus colaboradores más próximos, el Gobierno estaba ya trabajando para comenzar a implementarla este mismo año y ampliarla en próximos ejercicios de forma progresiva. La intención era comenzar con una prestación para familias vulnerables con hijo a cargo. Como las comunidades autónomas ya ofrecen distintos tipos de ayuda en este sentido, el Ejecutivo central estaba ultimando el modo de no solaparse con otras prestaciones. En los Presupuestos que el Gobierno iba a presentar para el 2020, Sánchez quería incluir una partida de 3.400 millones para sufragar el primer paso de esta medida; según informa Iolanda Marmol.

Protección para las trabajadoras del hogar

El pasado lunes la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, señalaba específicamente a tres colectivos como los más vulnerables ante la actual crisis: trabajadoras del hogar, cuidadoras de personas dependientes y parados que hubieran agotado su derecho a prestación. Calviño apuntó el lunes y Escrivá ha confirmado este miércoles por por donde irán los tiros. Sin concretar del todo el como, es decir, si será a través de una extensión de ese ingreso mínimo vital o mediante prestaciones específicas para los diferentes colectivos vulnerables.

Lo que sí ha reconocido Escrivá es que el Gobierno también ultima una especial cobertura para las trabajadoras del hogar. Este colectivo, que oficialmente suma en alta en la Seguridad Social a casi 400.000 trabajadores, carece de derecho a prestación por desempleo en caso de despido. Eminentemente feminizado, hasta ahora había sido uno de los principales olvidados en los paquetes de medidas económicas que han ido saliendo del Consejo de Ministros.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo estudia una prestación que cubra hasta el 70% de la base reguladora, lo que asimilaría en ese sentido a dichas trabajadoras a las condiciones de un trabajador del régimen general de la Seguridad Social. Desde el departamento liderado por la ‘podemista’ Yolanda Díaz, no obstante, carecen actualmente de una memoria económica cerrada sobre el coste de la medida, la extensión de la misma y en que fecha podrán presentarla en Consejo de Ministros; según reconocen fuentes del mismo. Pues deberá ser el Gobierno en bloque el que acabe dando luz verde a las condiciones finales de dicho subsidio extraordianario.

Autónomos y bajas

El ministro Escrivá ha aprovechado su rueda de prensa para dar cuenta de la evolución de las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno. Una de estas fue la extensión y agilización del cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que hayan visto paralizada su actividad por decisión directa del Gobierno o que hayan visto reducida su facturación el 75% o más. Esta es exonera de las cuotas a la Seguridad Social del afectado y es de un mínimo de 661 euros y de un máximo de 1.411 euros. Escrivá ha concretado que las comprobaciones por parte de la Seguridad Social sobre si el autónomo cumple o no con los requisitos para percibirla serán a posteriori y que para solicitarla únicamente es preciso presentar una declaración de responsabilidad. Un total de 50.000 trabajadores autónomos se han acogido hasta la fecha a dicha prestación especial, según ha hecho público el ministros Escrivá.

Asimismo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha dado cuenta de un total de 130.000 personas que se han acogido a una incapacidad temporal derivada del coronavirus. Ya sea por contagio o por aislamiento médicamente decretado. Para dichos supuestos, el Gobierno asimiló excepcionalmente estas casuísticas a una baja por accidente de trabajo; lo que implica que se percibe el 100% de la base reguladora desde el día siguiente al accidente. Esa cifra de 130.000 bajas laborales triplica la de infectados diagnosticados por las autoridades sanitarias, en su último balance de este miércoles.