Los efectos del coronavirus son muchos y no sólo físicos. También son psicológicos, y uno de los principales es el miedo. El miedo a sufrir la enfermedad sin saber cómo sucedió, pero también a ser infectado cuando se tiene la certeza de que se ha convivido o se está conviviendo con una persona cuyo prueba del virus ha dado positivo. Eso es lo que está sucediendo estas dos últimas semanas en numerosos espacios donde la gente vive confinada, pero el aislamiento total es imposible, lo que conlleva un alto riesgo de contagio. Una clara prueba de ello están siendo las residencias de mayores, donde se está viviendo un auténtico drama; o también los CIES (centros de internamiento de extranjeros), así como los centros sociales donde viven familias enteras en peligro de exclusión o que han sido acogidas por motivos humanitarios, como es el caso de inmigrantes y refugiados.

A este último caso pertenece el centro familiar El Pozo, en Vallecas, gestionado por la ONG Mensajeros de la Paz, que fundó y preside el padre Ángel, en el que conviven en la actualidad 32 personas. Se trata de 12 familias que proceden de países como Venezuela, Perú o Colombia, que han huido de sus países buscando un lugar más seguro. Según pudo saber ABC, la semana pasada una de las personas del centro dio positivo en la prueba del coronavirus, y al tener síntomas leves le devolvieron al centro familiar para que se aislara en su habitación (que compartía con su mujer embarazada y dos hijos). Las alarmas se dispararon inmediatamente entre el resto de familias, con niños pequeños y miembros convalecientes de alguna intervención quirúrgica, ante un inminente riesgo de contagio. En aquella ocasión, Mensajeros de la Paz actuó rápido y la persona contagiada fue evacuada a un centro hospitalario. Su esposa e hijos permanecen en el centro pero todavía no se les ha hecho ninguna prueba para confirmar si tienen o no el Covid-19. Al día siguiente del traslado del positivo, la UME (Unidad Militar de Emergencia) acudió al centro y desinfectó las instalaciones, cumpliendo así el protocolo cuando se detecta un infectado.

Tras la evacuación, el mayor temor era la aparición de un nuevo positivo, y esto no tardó en suceder. En esta ocasión se trata de un adolescente de 14 años que volvió hace más de una semana al centro tras haber sufrido una intervención en el hospital. El joven ha dado positivo pero, según explica a ABC, Nieves Tirez, directora de la Fundación Mensajeros de la Paz, «en el hospital nos dijeron que está más seguro en el centro que allí. El joven está aislado con su familia en su apartamento (una habitación que tiene baño pero no cocina) y no salen para nada», indica.

Sin embargo, para algunos de sus compañeros en el centro ha vuelto a empezar la pesadilla. «Agradecemos todo lo que hasta ahora nos ha brindado el centro a través del padre Ángel, la doctora Nieves Juan y Laura, pero según los procedimientos de salud para casos como este, que ya hay personas infectadas, necesitamos que se nos brinde atención médica o pruebas de descarte para ir segregando las personas que podamos tener este virus», reclama a ABC un refugiado venezolano que, junto a su familia, vive en el centro y que prefiere mantener el anonimato. «Ninguno de los que estamos aquí queremos infectar a nadie. Es una situación que se escapa de nuestras manos. Lo único que nos gustaría es la atención médica ya que en el protocolo del Covid-19 establece que cuando hay personas infectadas en un lugar hay que tomar acciones de control».

«Podríamos estar todos contagiados»
Si bien se les suministró mascarillas y guantes hace días, lo que más demanda este joven venezolano es que se les realice un test que confirme o descarte el contagio después de pasar días conviviendo con dos positivos, «por lo menos a las familias de los infectados. Todos estamos en los cuartos, pero el tema es que podríamos estar todos contagiados. Y para el personal sanitario todos somos sospechosos, pero no tenemos certeza de nada», añade. Y deja claro que su intención no es responsabilizar a la ONG, pero confiesa que tiene miedo por él, su familia y el resto de personas que viven en estas instalaciones. «Entiendo que esto escapa de las manos del centro. Pero preocupa porque aquí hay niños e incluso transplantados. Ese niño [el chico de 14 años que ha dado positivo] debería ser atendido de urgencia. Hace 15 días que salió de una UCI», insiste.

Nieves Tirez, por su parte, desmiente a este periódico que la situación sea tan alarmante y manda un mensaje de tranquilidad a las familias del centro, que viven aisladas en sus apartamentos «de los que no tienen que salir para nada, excepto para coger la comida que se la damos en un tupper», indica. Esta es una de las medidas implementadas ante esta nueva situación, con el fin de evitar que se compartan los espacios comunes. «Ni siquiera tienen que salir a hacer la compra». Y asegura que las familias con un miembro contagiado están «encerradas. No salen. Y no tienen síntomas», subraya.

La directora de la Fundación Mensajeros de la Paz admite que no se han hecho test a los familiares de los contagiados. «No consigo que traigan mascarillas, así que ni les he pedido las pruebas del coronavirus», se lamenta respecto a la falta de abastecimiento del material sanitario necesario para gestionar esta crisis. Descarta por otra parte tomar medidas más drásticas sobre aquellas personas que podrían ser positivas por su proximidad a los positivos. «No podemos mandarles a la calle, porque nadie los acogería. No podemos hacer más de lo que hacemos». Certifica, además, que el adolescente de 14 años no se contagió en el centro. «Lo contrajo en el hospital, tengo el informe donde lo indica», asevera Tirez, que como muchos responsables de centros que alberga grupos de personas vulnerables se ve sobrepasada por la situación. A pesar de ello, insiste en mandar un mensaje de «tranquilidad» a las familias del centro.

El centro familiar El Pozo, ubicado en Vallecas, echó a andar durante la crisis económica que afectó a nuestro país, hace más de una década. Consta de un comedor social y también de espacios donde se imparten cursos de formación. La zona dedicada a las familias excluidas fue habilitada en 2015 «pensando en la crisis de refugiados», recuerda Tirez. Una crisis que eclosionó ese año como consecuencia de la guerra en Siria. «Pero al final no vinieron los refugiados que estaban previstos». Ningún país cumplió las cuotas acordadas por la Unión Europea en 2015. Tres años después, la crisis política y social que sufría Venezuela se agravó y provocó la salida de muchos venezolanos del país más de cinco millones hasta 2019, según la ONU. Numerosas familias de venezolanos han pasado por el centro en estos dos años antes de poder independizarse e integrarse como un ciudadano más en España.