A la nueva presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, las cosas no se le ponen fáciles. Hace apenas cien días que está en el cargo y ya sabe que ninguno de los planes que había preparado cuidadosamente para la legislatura podrá funcionar como ella esperaba. Personalmente lo experimentó ayer mismo cuando tuvo que suspender en el último minuto un viaje oficial a Atenas con el que quería intentar apagar el incendio político causado por la llegada masiva de candidatos a la emigración desde Turquía. El desplazamiento lo tuvo que suspender a causa de las recomendaciones sobre la pandemia del coronavirus, que es el ingrediente más devastador para cualquiera de sus planes. Al final, el viaje lo llevó a cabo sola la comisaria de Interior, Ylva Johansson, que anunció un plan para subvencionar con 2000 euros el viaje de regreso a todos aquellos que acudieron a la frontera griega creyendo que podrían entrar en Europa.

Si funcionase, el plan podría verse como la solución más sencilla para pasar cuanto antes por alto los graves problemas jurídicos y políticos que plantea el hecho de que el Gobierno de Atenas haya decidido paralizar la admisión de cualquier demanda de asilo y que haya ejecutado prácticas demasiado violentas hacia la dignidad de los que intentan entrar en su territorio ilegalmente. La Comisión ha tenido que afrontar como ha podido las denuncias del diario «The New York Times», que asegura que ha podido confirmar la existencia en la frontera griega de centros secretos de detención de aquellos que luego serán sometidos a expulsiones sumarias. Los testimonios recogidos por este diario son terribles y difícilmente compatibles con la legislación europea.

Para ello, en Bruselas la Comisión ha admitido que puede haber habido prácticas como estas, pero le concede al Gobierno griego la potestad de aclarar qué ha pasado, mientras que en Atenas, la comisaria Johansson aporta el dinero para intentar un método expeditivo que permita resolver la situación antes de que las críticas abrasen al ejecutivo comunitario. El plan que ayer anunciaron la comisaria de Interior y el ministro de Inmigración griego, Notis Mitarachi, pretende alentar a los migrantes que llegaron a los campamentos superpoblados en las islas griegas después del 1 de enero a regresar voluntariamente a su lugar de origen para lo que se les ofrece «una asignación de 2.000 euros que ayudará a la reintegración de las personas en su país». Para la comisaria Johansson, se trata de un medio «para reducir la presión del hacinamiento» en los campamentos donde en estos momentos hay más de 37,000 personas en condiciones lamentables.

Un contagio devastador
El plan pretende también reducir la presión sobre las estructuras de la Unión Europea, sometidas a una tensión desconocida en todos los aspectos, sobre todo a causa de la epidemia del coronavirus. La Comisión desmintió ayer haber tenido noticias de que haya habido contagios de esta enfermedad entre los refugiados y candidatos a la emigración que viven en esos campos, algo que podría ser catastrófico. Aunque existen servicios médicos mínimos, en las circunstancias en las que tienen que estar esas personas, la enfermedad sería devastadora. Afortunadamente, según la Comisión solo se ha constatado un contagio en la isla de Lesbos, una de las que albergan refugiados, pero se trataba de un ciudadano griego.

La otra parte del problema es la actitud de Turquía. Ayer se informó que después de la visita del autócrata turco Tayyip Erdogan a Bruselas en la que se decidió «buscar una solución conjunta», el alto representante Josep Borrell está en contacto con el ministro turco de Exteriores «por lo que el trabajo ha comenzado ya y estamos seguros de que encontraremos una solución».

Desde Bruselas se atribuye a las autoridades de Ankara la responsabilidad de alentar a miles de extranjeros a intentar atravesar la frontera griega, en contra de los términos del acuerdo alcanzado en 2015 por el que Turquía debía contener esta presión migratoria a cambio de que la UE se haga cargo de los costes.

La posición de Turquía
El problema es que por ahora, Turquía no ha aclarado su posición. No ha dicho que vaya a negarse a contener a los que quieren llegar a la frontera con Europa, pero tampoco ha actuado formalmente en este sentido, aparte de ciertas actuaciones realmente violentas contra algunos de los candidatos a la emigración.

Más bien al contrario, en las últimas horas las autoridades turcas han hecho subir la tensión con Grecia tanto en la zona de la frontera terrestre como en el mar. Las fuerzas especiales turcas han disparado sobre un vehículo militar estacionado en el lado griego de la frontera en Evros y aviones de combate F-16 han violado el espacio aéreo de Grecia en la parte norte de la frontera. También en el mar, una embarcación turca embistió a un barco de la Guardia Costera griega frente a la isla de Kos, en el este del mar Egeo.

Todos ellos síntomas de que Turquía mantiene la presión sobre la UE a través de los emigrantes, pidiendo el apoyo político y militar a sus posiciones en Siria, que es algo que no parece conveniente ni a la mayoría de gobiernos europeos, porque creen que prolongará aún más el conflicto y porque supone enfrentarse a Rusia que se ha convertido en la potecia dominante en la zona.