Abogados y policías están de acuerdo e incluso les avala un dictamen de la Abogacía General del Estado. Las devoluciones de inmigrantes irregulares a Francia a través de La Jonquera e Irun vulneran la legalidad al no permitir la asistencia letrada que sí reciben, por ejemplo, los sin papeles devueltos en los aeropuertos o los llegados en patera.
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, venía denunciando sin éxito la esta situación ante la dirección general de Policía desde el año 2003, pero nuevos datos han hecho que vuelvan a salir a la palestra.
A las manos del SUP ha llegado recientemente un escrito del subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, en el que ordenaba al comisario jefe provincial de Policía “que en los procedimientos de devolución que se tramiten por esta comisaría (en Irun) se posibilite el ejercicio del derecho a la asistencia jurídica”. Lo más relevante es que el subdelegado basa su orden en un “informe emitido por la Abogacía General del Estado”, fechado en mayo del 2005, que concluía que, efectivamente, los extranjeros objeto de devolución “tienen derecho a la asistencia letrada”.

UNA SENTENCIA
El representante del Ejecutivo en Guipúzcoa cita también en su escrito, fechado el pasado 15 de diciembre, un informe del Defensor del Pueblo y una sentencia del juzgado número 1 de lo contencioso – administrativo de San Sebastián del pasado diciembre que se pronunciaron en el mismo sentido.
A la vista de lo que sucedía en Guipúzcoa, la comisión ejecutiva provincial de Girona del SUP remitió el pasado 29 de mayo una misiva al subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco – Busquets, en la que mostraba su indignación por no haber sido informados y porque no se hubiera tomado ninguna medida similar a la del País Vasco. En la carta, el sindicato se muestra convencido de que la policía incurre “desde hace varios años en constantes detenciones ilegales”, lo que consideraba “gravísimo” sobre todo teniendo en cuenta el denominado caso Bono, “por el que fueron condenados tres compañeros nuestros”.
Paralelamente, la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Judicial ha hecho público un contundente informe de 49 folios que, entre otras conclusiones, sostiene que “se debe garantizar la presencia de un abogado” en las devoluciones en la frontera francesa basándose en la vigente ley de extranjería y el la Convenio Europeo de Derechos Humanos. De otro modo, se afirma, recibirían un trato discriminatorio respecto a los detenidos en Barajas o Canarias. Los abogados presentarán esta semana sus conclusiones al Ministerio del Interior, pero si no obtienen respuesta acudirán a la UE.