Desde Venezuela en enero hasta Chile en octubre, 2019 ha sido un año en el que la ola de protestas que ha recorrido América –en especial América Latina– se ha saldado con represión institucional por parte de gobiernos de distinto signo político, incapaces de generar diálogo con sus ciudadanos. Así lo cree Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, que afirma que el continente “sufre, pero también se despierta”.

En su Informe Anual sobre las Américas, la organización cifra en al menos 210 las personas que murieron violentamente en el contexto de protestas en el continente: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras. “Es un balance negativo, un saldo demasiado alto”, asevera Jiménez. Incluso en Chile, donde se ha abierto un proceso constituyente como resultado de los reclamos de los manifestantes, “nos preocupa el costo, en otros países se han dado estos procesos sin la necesidad de más de 400 personas con lesiones oculares”.

Para Jiménez, es difícil comparar los niveles de gravedad entre un país y otro, pues cada uno tiene “sus propios retos” en cuanto a derechos humanos. Aunque apunta a Venezuela como país donde la organización puede establecer “un patrón sistemático de represión”, pues, a diferencia de otros Estados, las protestas de principios de 2019 fueron “una ola más”. “No se trata de hechos aislados, sino de la política sistemática de un Gobierno que no admite la disidencia”, afirma, ante una represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad,  según denunció la organización a mediados de año.

Sin embargo, un punto común entre las diferentes movilizaciones ha sido la incapacidad de los gobiernos para dialogar con quienes reclamaban más derechos sociales, civiles y políticos. “Hubiesen podido responder con propuestas o con, al menos, la construcción de un espacio cívico para el diálogo, y en vez de eso en casi todos los lugares se respondió con violencia estatal”, lamenta.

En marzo se cumplen cuatro años del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales e indígenas, y dos del de Marielle Franco, concejala afrofeminista de Río de Janeiro. “Es un mes que nos causa mucha tristeza”, dice la investigadora, porque quienes defienden los derechos humanos continúan viviendo “situaciones de impunidad”. Con 208 homicidios, Latinoamérica y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para los defensores; allí tuvieron lugar un 68% del total mundial de 304 homicidios. Colombia fue el país más letal, con 106 homicidios.

Jiménez destaca la vulnerabilidad de las personas que defienden el medioambiente y el acceso a la tierra, a menudo desprotegidas en comunidades aisladas. Y también de aquellas que, aunque no hayan sido víctimas de homicidio, han sido silenciadas o expulsadas, como es el caso de Nicaragua, de donde han huido más de 70.000 personas tras la crisis de 2018. “Son diferentes niveles de violencia, pero todos dañan a la sociedad”, apunta. “Cada vez que censuran, callan, asesinan a un defensor, perdemos una oportunidad para avanzar los derechos de todas las personas”.

Amnistía también ha visto “con mucha preocupación” el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Estados Unidos y México. “Vimos cómo se movió la frontera de México – Estados Unidos a México – Guatemala”, explica Jiménez. “Trump logró externalizar sus fronteras, y México está haciendo el trabajo sucio conteniendo migrantes, deportando personas sin importar que muchas necesiten protección internacional”. Entre otras medidas, el Gobierno de López Obrador retuvo a más de 51.999 menores en centros para inmigrantes, lo cual es contrario a la legislación de México, y envió un cuerpo militar para detener una caravana de migrantes centroamericanos. 

“Si algo ha demostrado la Administración de Donald Trump, es que es la xenofobia se puede institucionalizar”, observa Jiménez, preocupada por la coyuntura de las siguientes elecciones en Estados Unidos. “Poco a poco ha ido erosionando el sistema de asilo, y eso ha sido en casi cuatro años. No queremos imaginarnos qué podría pasar en cuatro años más”, enfatiza, ante la implementación de políticas como la devolución inmediata en la frontera y la separación familiar.

2019 también ha alumbrado algunas luces esperanzadoras en el continente. Al terminar el año, 22 países habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se convirtió en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que implica que solo necesita tres ratificaciones más para que entre en vigor. “Esperamos que se traduzca en políticas a favor de la Amazonía y del ecosistema que hace que América Latina sea  tan rica en recursos naturales”, asevera Jiménez.

Pese a la degradación medioambiental y los incendios que arrasaron el Amazonas, el cambio climático también supone “una oportunidad”, opina la investigadora. “Estamos muy esperanzados porque la población más joven de las Américas ha hecho del climático una razón de lucha, y puede que se traduzca eventualmente en política”. Una lucha social que se ha revitalizado en el continente “gracias a la juventud y a las mujeres”, apunta.

La marea verde a favor del aborto en Argentina, la ola morada contra los feminicidios en México y el himno feminista del colectivo chileno Lastesis, erigido como un símbolo global, son tres ejemplos de lucha contra la violencia estructural hacia las mujeres “que van a quedarse”. “Países como Argentina nos enseñaron con su marea verde que no van a permitir que se controlen los cuerpos de las mujeres, y que la exigencia de autonomía es algo regional”, dice Jiménez, ante la restricción de derechos reproductivos que continúa en países como el Salvador y Paraguay.

“Hemos visto un resurgimiento de la creatividad de la gente joven, de las mujeres, una revitalización de la protesta. Cuando ves cómo se conjuga toda esa gama de luchas es cuando sientes que puedes hacer cambios”, señala. “Ya no es un sufrimiento en silencio”. Aunque la impunidad y la violencia continúen atravesando el continente, “se pueden lograr cambios contra actores que parecen invencibles”, concluye.