Comisiones Obreras (CCOO) rechaza que se utilice para acoger a personas migrantes la Unidad de Madres del centro de inserción social de Mercedes Pinto en Tenerife, el antiguo centro penitenciario Tenerife I que actualmente alberga reclusos en proceso avanzado de reinserción o que cumplen su pena en régimen abierto.

El sindicato tacha de “desafortunada” la decisión del Ministerio del Interior, que anunció que habilitaría la Unidad de Madres, un edificio anexo al Centro de Inclusión Social Mercedes Pinto (antigua prisión de Tenerife I) que iba a ser destinado a reclusas con hijos y embarazadas en el Archipiélago pero, a pesar de que su construcción finalizó en 2012, nunca llegó a estar operativa. En la nota, critica que personas que no han cometido delito alguno y huyen de sus países en unas lamentables condiciones sean “recibidas en una prisión”.

FSC-CCOO recuerda que no es la primera vez que desde el Ministerio de Interior se recurre a las prisiones para solucionar el problema de la inmigración, pues ya lo hizo el anterior ministro Juan Ignacio Zoido (PP) en 2017 en la cárcel de Archidona (Málaga), ingresando a más de 500 inmigrantes y generando “situaciones conflictivas” que terminaron con el fallecimiento de un migrante.

En aquel momento, FSC-CCOO compartió la posición del PSOE y su “frontal rechazo” al traslado de inmigrantes a la cárcel de Archidona bajo el argumento de que no eran delincuentes.

“Pero ahora, el ministro Fernando Grande-Marlaska parece querer repetir el grave fracaso que representó meter a migrantes en la cárcel y ocupar para tal fin la Unidad de Madres del Centro de Inserción Social de Tenerife, que a pesar de haberse finalizado su construcción en 2012, no pudo abrirse por la falta de personal penitenciario”, resalta la organización.

Para el sindicato, “solo se cumple con los derechos fundamentales cuando se acoge a los inmigrantes en condiciones de respeto, dignidad y sin criminalizarlos, algo que no sucede en una cárcel, institución en la que si bien es cierto que no se quiebra el respeto y la dignidad de los reclusos, su existencia obedece a la necesidad de internar a delincuentes y no a personas que no han cometido delito”.

Unidad para mujeres con hijos
El sindicato indica también que la normativa obliga a la administración penitenciaria a evitar el desarraigo social de las personas que ingresan en prisión, procurando que existan dependencias y unidades orgánicas, al menos en cada comunidad autónoma, para satisfacer las necesidades penitenciarias que tengan.

Así, la Unidad de Madres de Tenerife es la única para todo el archipiélago canario y serviría para el cumplimiento de condenas de las mujeres con hijos menores de 3 años y embarazadas.

“El motivo por el que se construyó la Unidad de Madres fue porque las mujeres condenadas y sus hijos tienen que convivir en prisión, sin una separación física, del resto de internas”, destaca, al tiempo que recuerda que desde FSC-CCOO se ha denunciado en diversas ocasiones la “doble condena” que sufren las mujeres en prisión por la falta de espacios físicos diferenciados “y como el desarraigo social se intensifica en un territorio que tiene la consideración de ultraperiférico”.

En esa línea, señala que “cuando una mujer ingresa en un centro penitenciario y éste no tiene Unidad de Madres o un departamento de régimen cerrado o de primer grado para mujeres, éstas son trasladadas a otros centros penitenciarios, afectando gravemente al arraigo familiar, con el agravante que ello supone para las reclusas canarias y sus familias en caso de traslado a la Península”.

CCOO insiste en que la Unidad de Madres debería estar cumpliendo su función “desde hace mucho tiempo” y las consecuencias las pagan las madres presas canarias con hijos, “a quienes se penaliza por la falta de gestión y diligencia de los responsables penitenciarios”.

Para el sindicato, “el servicio público penitenciario es esencial para la salud democrática de una sociedad y continuar degradándolo, marginando sus necesidades de recursos humanos y materiales, condenándolo a ser muletilla de necesidades ajenas a las constitucionalmente establecidas para las instituciones penitenciarias, es una involución que tendrá indudables consecuencias para el derecho a la reinserción”.

FSC-CCOO sigue defendiendo la necesidad de un servicio público penitenciario que cumpla fielmente el mandato constitucional, que cuente con los recursos que establece la ley y se atienda la inversión en reinserción, tratando a su personal con el respeto y reconocimiento profesional, en medios humanos y retributivos que corresponde, ya que son la garantía de la reinserción de las Instituciones Penitenciarias.