“En la calle intentamos que no se quede ninguno”. La directora de Infancia de la Junta de Andalucía, Antonia Rubio, reconoce que existen “insuficientes” recursos de alta intensidad (pisos de acogida) dentro de su programa P+18 (Programa de Mayoría de Edad), destinado tanto al colectivo nacional como inmigrante pero que acaparan en mayor lógica los menores extranjeros no acompañados que alcanzan la costa andaluza y que han crecido exponencialmente desde 2017.

Rubio atiende a eldiario.es Andalucía en su despacho y se muestra muy implicada en la atención de estos jóvenes migrantes que llegan en un altísimo porcentaje con edades muy próximas a la mayoría de edad y cuya transición a la etapa adulta contiene en muchos casos unas características muy particulares (sin conociminento del idioma, sin ningún tipo de formación) que hace que sea muy dificil una integración social y laboral rápida, reconocen desde la Consejería, que presume en todo caso de que “casi se han duplicado” los recursos en alta intensidad para atenderlos.

Pero los números son los que son. Cada año, aproximadamente un millar de menores migrantes (931 en 2018, 1.088 en 2019) cumplen la mayoría de edad y pasan ya a ser jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía, que ha tenido que “reinventarse” para generar más recursos en este sentido, apunta Antonia Rubio. El total de plazas de alta intensidad en el año 2020 es de 484, que se corresponden con 86 pisos gestionados por 41 entidades. Es decir, hay plaza para la mitad de los jóvenes que alcanzan los 18 años y, recordemos, con poco tiempo en su nuevo país. En los años anteriores había 218 plazas (en 2018) y 293 (en 2019).

Transición del menor a la etapa adulta
Sólo en el primer semestre de este año, se estima que 522 chavales cumplirán la mayoría de edad. Muchos ‘cumplen’ años el 1 de enero, en virtud de la fecha que las autoridades policiales les asignan como día de nacimiento a su llegada a España. Antonia Rubio resalta que la Junta ha apostado por un “cambio de modelo de atención específico para que los chicos y las chicas salgan con documentación en regla y con trabajo”, algo que tiene “algunas dificultades añadidas” ya que al menos la petición de los documentos de identidad corresponde al Estado. “Hay muchas administraciones implicadas, no es una cosa sólo de Infancia”, resalta.

Entidades que gestionan recursos contenidos en el Programa P+18, como Andalucía Acoge, han ido un poco más allá. La federación lanzó a final de año una campaña a través de change.org para que la Junta de Andalucía siga prestando apoyo a los chicos y chicas que salen del sistema de protección de menores al cumplir los 18 años. “La falta de pisos de acogida de la Junta de Andalucía provoca que la mayoría de nosotros nos quedemos literalmente en la calle”, reza uno de los testimonios que recoge la petición. Según sus datos, 1.166 jóvenes han salido durante 2019 de los centros de protección de menores de la Junta al cumplir 18. Las plazas en pisos eran, recordemos, de 293.

“El número de jóvenes tutelados es bastante elevado para los recursos que existen actualmente cuando cumplen la mayoría de edad”, asegura a este periódico otra de las entidades, que destaca que “es importante el trabajo que hacen las entidades que gestionan centros de menores de cara a la transición a la etapa adulta del menor y que, si no se ha hecho un trabajo de inclusión sociolaboral, tendrá menos posibilidades de independizarse y depender de recursos residenciales para la mayoría de edad. El problema es que no existen tantos”.

No sólo es cosa de las entidades sociales afectadas. El último informe anual del Defensor del Menor de Andalucía, en el capítulo dedicado a los menores extranjeros no acompañados, también recogía esta problemática: “Lo más alarmante es la ausencia de programas formativos para los chicos que ya han superado la edad obligatoria de escolarización. Y decimos alarmante porque, no lo olvidemos, la mayoría de estos chicos tienen un proyecto migratorio definido que pasa por obtener una formación para el desarrollo de una profesión o empleo, con el objetivo después de acceder al mercado de trabajo y obtener recursos económicos con los que subsistir y poder ayudar a sus familias que han quedado en los países de origen”. No es la primera vez que el Defensor, comprometido con esta cuestión, critica la falta de recursos para migrantes que cumplen 18 años.

Procesos migratorios
Rubio, que se muestra disconforme con el posicionamiento de determinadas entidades y “que se diga que los dejamos en la calle”, recuerda que los programas son “voluntarios” y para acceder a ellos se requiere un perfil concreto, así como el compromiso e implicación de la persona beneficiaria para el cumplimiento de los objetivos de inserción social y laboral. “Tienen que tener un proyecto de vida definido, no tener un perfil disruptivo, tiene que estar motivado”, explica Rubio.

Antonia Rubio, directora general de Infancia de la Junta de Andalucía
Antonia Rubio, directora general de Infancia de la Junta de Andalucía JUNTA DE ANDALUCÍA

“Muchas veces simplemente tienen un proceso migratorio ya definido y se van a otro lugar cuando cumplen 18. Otros chicos se van pero luego vuelven a esas mismas entidades que nos piden más programas. Todo depende mucho también de las expectativas que traigan de sus países de origen. Nosotros intentamos hacer todo lo posible. No todos tienen que ir a un recurso de mayoría de edad. Probablemente sean insuficientes los recursos en alta intensidad, pero no paramos de buscar recursos, donde sea. Probablemente hay mayores de edad en la calle, pero la casuística es compleja”, señala.

Según recuerda la administración andaluza, los recursos de alta intensidad son pisos de autonomía para jóvenes procedentes del sistema de protección, una vez que han cumplido 18 años, que carezcan de apoyo familiar, de vivienda y de los recursos personales, sociales y económicos necesarios para llevar una vida independiente, cuya estancia máxima aproximadamente es de un año, en los que se le proporciona una atención integral que cubra sus necesidades de alojamiento y manutención, así como todas sus necesidades básicas y las especificas, mientras se trabaja con ellos para su integración social y laboral, con el apoyo y seguimiento del equipo de profesionales orientadores. Rubio destaca en este sentido los 17 pisos gestionados por ocho ntidades para 130 plazas habilitadas para chicas migrantes.

“Amplia cobertura” en media intensidad
“La atención en media intensidad es suficiente, sin lista de espera y con una amplia cobertura”, añade la directora de Infancia, que alude a 12 centros de día, gestionados por 14 entidades, para menores y jóvenes del sistema de protección desde los 16 a 25 años, donde reciben asesoramiento, apoyo, formación y orientación mediante itinerarios personalizados de cara a su integración sociolaboral, y otros 18 recursos más.

Acerca de las previsiones con las que cuenta la Junta, Rubio señala que “el sistema se ha desvirtuado”. “Antes era más fácil tener predecir, incluso sobraban plazas, pero ahora las circunstancias son diferentes. Los flujos migratorios son incontrolables, pero hay que adaptarse con un margen de planificación. Antes la estimación era más fiable. Ahora es imprevisible”, señala Antonia Rubio, que indica que la Junta tiene ya un borrador de un nuevo protocolo para trabajar con los menores que vayan a cumplir la mayoría de edad. “Estamos trabajando mucho en ello”, asegura, prueba de lo cuel es que “la tasa de abandono de los centros es ahora mucho más baja que antes”.

En ese sentido, y a fin de potenciar la empleabilidad de menores y jóvenes que están o han estado en el sistema de protección, la Junta ha incluido como mejora en todas las licitaciones de la Dirección General de Infancia la adjudicación de puntos a aquellas entidades que contratan, al menos durante un año, a estos jóvenes, otorgándoles distintas puntuaciones en función de las distintas categorias profesionales.