El Ministerio del Interior «acata y respeta, como hace con todas las resoluciones judiciales» la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) hecha pública ayer que avala la legalidad de los rechazos en frontera de inmigrantes. Es la primera reacción ofrecida ayer por fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que rehusaron valorar si a partir de este fallo hay margen o no para emprender la derogación de esta práctica que el PSOE prometió reiteradamente hasta la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. «Lo que corresponde ahora es leer en su integridad» el pronunciamiento de la Gran Sala, explicaron, para poder determinar en adelante las acciones que, en su caso, se adoptarán como resultado del fallo.

El Ejecutivo socialista ha justificado su inacción respecto a esta práctica en la espera, precisamente, de esta sentencia, que se aguardaba como expresión del «marco jurídico adecuado» conforme al cual determinar si suprimir o no las entregas exprés en España. Establecida ya esta «posición europea», las mismas fuentes de Interior reafirmaron que su creencia es «en una política migratoria consensuada a nivel de la UE», de la que es referencia la literatura de la Gran Sala. En este contexto, cabe entender que el fallo que zanja que las expulsiones sumarias son «consecuencia de la propia conducta» de los inmigrantes y no vulneran sus derechos, daría al Gobierno de Sánchez sobrada excusa para no suprimir la figura legal que en 2015 dio soporte a estas devoluciones en la Ley de Seguridad aprobada por el PP. Una normativa que el propio PSOE recurrió ante el Tribunal Constitucional con el fin prioritario, amén de otros, de desterrar del ordenamiento jurídico esas entregas a Marruecos.

En que que el TC opte finalmente por tumbar esta práctica reside una de las posibilidades de que el Ejecutivo termine cumpliendo su promesa y ponga en marcha la derogación. Como ya adelantó ABC, el ponente del recurso de inconstitucionalidad ya ha elaborado un texto favorable a la nulidad de la disposición que regula los rechazos en frontera por entender que son procedimientos carentes de tutela judicial efectiva. El otro mecanismo que podría hacer a Pedro Sánchez actuar en sentido contrario a lo manifestado ayer por la Gran Sala está en el peso dentro de la coalición de Gobierno de Podemos siempre refractario a medidas que pongan freno a la inmigración y en las exigencias que pudiera plantear al respecto el vicepresidente Pablo Iglesias.

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En todo caso, conviene no olvidar que la Abogacía del Estado ya comandada por el Ejecutivo del PSOE defendió en septiembre de 2018 ante el TEDH las expulsiones en las vallas de Ceuta y Melilla con argumentos de una firmeza que hubiera suscrito el propio PP. Entonces, el representante legal del Gobierno de Pedro Sánchez diferenció ante la Corte europea entre «expulsión» y «prevención de entrada» de España que, subrayó, se produce no cuando se superan alambradas, sino la «línea policial» que las custodia. Pura teoría de la «frontera flexible» acuñada por el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy que dirigió Jorge Fernández Díaz.

Al margen, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles celebraron la decisión de Estrasburgo, si bien exigieron un protocolo que clarifique cómo deben actuar los agentes ante la entrada irregular de inmigrantes. Se trata, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), dotar de mayor garantía jurídica al trabajo de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y de proteger las fronteras «eficazmente». El Sindicato Unificado de Policía, (SUP), interpretó el fallo como «el testimonio incontestable de que las actuaciones frente a las avalanchas de inmigrantes son proporcionadas, oportunas, jurídicamente impecables y respetuosas con la legalidad.