A través de un fallo que representa un giro radical respecto a su anterior doctrina, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló ayer las denominadas «devoluciones en caliente» y legitimó la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la frontera de Melilla. Para la Corte de Estrasburgo, cuya sentencia tendrá serias consecuencias en toda la UE, fueron los inmigrantes repelidos quienes de forma voluntaria se pusieron en una situación de ilegalidad al acceder a lugares no autorizados y recurrir a la fuerza, en vez de utilizar los medios que permiten acceder de modo regular y legal al territorio nacional, también comunitario. Termina así una batalla legal que con el apoyo de la izquierda, abanderada del buenismo, por perjudicial que resulte para el interés general ha servido para prejuzgar y condenar a los agentes que defienden nuestras fronteras desde un insensato alineamiento con quienes precisamente tratan de violarlas, tomando al asalto no solo un límite físico, sino un sistema de libertades que establece medios legales para lograr, llegado el caso, la condición de refugiado.

Que el letrado que ha llevado esta causa hasta Estrasburgo sea Gonzalo Boye, defensor de Carles Puigdemont y condenado por el secuestro de Emiliano Revilla, no es casual. Difundir en el exterior la imagen de España como un Estado represor, que no respeta los derechos humanos y donde el franquismo campa a sus anchas, es unos de los objetivos confesos del separatismo catalán. En cambio, que el Gobierno de Pedro Sánchez insista en comprar esta mercancía ideológica, tan perjudicial para los españoles, ya sea para oponerse a estas devoluciones en caliente o para alertar de forma insistente y enfermiza contra la permanencia del régimen de Franco, es un gesto de irresponsabilidad hacia la nación a la que sirve y representa.