¿Tiene España que acatar las resoluciones del TEDH?

El artículo 46 del Convenio Europeo del Derechos Humanos establece que las partes contratantes «se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes». En virtud de este mismo artículo, los países pueden retrasar la ejecución de la sentencia si surgen dudas de interpretación que exigen un estudio profundo de la legislación afectada.

¿Son estas devoluciones exclusivas de España?

De acuerdo con las denuncias de organizaciones humanitarias, este tipo de actuaciones se multiplican en el caso de Italia y de Turquía, en este último caso una vez que acordó convertirse en tapón para la llegada de refugiados a Grecia. Al margen, se producen en la frontera entre EE.UU y México, también según los colectivos de derechos humanos.

¿Obliga el fallo de Estrasburgo a los otros países europeos?

Considerando ese pronunciamiento, podrían revisar sus legislaciones, pero no a título obligatorio. En el ámbito legislativo podría dar lugar a que la UE elaborase una Directiva en la que se definiera una posición común al respecto.

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¿Qué habría pasado de ratificarse la condena previa?

Teniendo en cuenta que hay un recurso pendiente en el Tribunal Constitucional sobre la Ley que ampara las devoluciones, es muy probable que esta instancia las hubiera declarado inconstitucionales para evitar un varapalo. Ello, por tanto, hubiera obligado a reformar la mencionada ley en ese sentido.

¿Desde cuando se registran estas «entregas en frontera»?

Las primeras en España se remontan a 1995, bajo gobierno de Felipe González, aunque han estado al margen de la legalidad hasta 2015. Ese año, el PP aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana que incluye una Disposición Adicional Primera que, en modificación de la Ley de Extranjería, ampara estas actuaciones, a las que denomina «entregas en frontera».

¿Las ha aplicado el Gobierno de Pedro Sánchez?

Sí. La primera vez, apenas dos meses tras tomar posesión, cuando devolvió de forma sumaria en la valla de Ceuta a 27 inmigrantes . El Gobierno no ofrece datos sobre las devoluciones de 2019.