POR LO que se ve, la economía española, gobierne quien gobierne, va viento en popa. Construcción y turismo son los adalides del PIB y a nadie parece preocupar en exceso el progresivo endeudamiento de los hogares, la competencia de otros destinos turísticos del entorno, la inflación ni la subida de los tipos de interés; para qué hablar de la colonización irracional del territorio. Esta ladrillolandia no beneficia sólo a los propios, en particular a un sector que ha echado raíces en todos los ámbitos de la economía, sino también a los extranjeros que se deslizan hacia el sol y el descanso e incluso, si bien a una escala ínfima, a la inmigración que huye de la pobreza en busca de trabajo. Curiosamente, no se conoce el estado real de la demanda, es decir, el número de hogares que sería preciso construir para cumplir el mandato constitucional, que no es, por cierto, un mandato con opción de compra.

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La ecuación que maneja el sector es clásica: cuanto más se construya más fácil será satisfacer las necesidades reales y se podrán contener mejor los precios; ecuación que no se cumple si hemos de atenernos a la experiencia de los últimos años. Más bien al contrario, la situación recuerda al galgo – la sociedad – que persigue a la liebre mecánica – la vivienda – y acaba por fatigarse sin poder atraparla: setecientas mil por año, la mayor parte para inversión, ocio o para que cada hijo de las clases medias adquiera una vivienda de protección oficial, y que en muchos casos se pueden permitir el lujo de mantenerse vacías engrosando el cupo de tres millones y medio de moradas vacantes, cosa a todas luces insostenible en términos económicos.

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Desde el punto de vista de la dinámica urbana, y más en un país como Galicia, con demografía estancada e inmigración poco significativa, causa asombro comprobar cómo los ayuntamientos, tanto costeros, con medio millón de habitáculos programados en diez años, como propiamente urbanos no dejan de incrementar la oferta de suelo. Por poner un ejemplo, los PGOU de Vigo y Lugo prevén más de doscientas mil nuevas viviendas. ¿Alguien cree posible alcanzar un crecimiento poblacional remotamente parecido en un futuro inmediato? Al enfatizar la capacidad inmobiliaria de los nuevos planes generales, la mayoría de los ayuntamientos incurren en un autoengaño, ya que no se están diagnosticando las necesidades de vivienda, sino promoviendo una actividad económica. Tal inflación calienta de forma indiscriminada el suelo del municipio y genera tensión entre los propietarios que, espoleados por los agentes urbanizadores, esperan obtener de sus terrenos un beneficio siempre mayor. Claro que esta actividad reporta buenos ingresos a las arcas municipales pero, en contrapartida, obliga a dedicarle gran parte de su gestión, supedita las políticas urbanas y urbanísticas a la dinámica edificatoria y viene a ser como una nube que encubre el problema real de las haciendas locales.

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Si la boyante economía está basada en la construcción, si las administraciones asimilan vivienda con edificación, si quienes compran pisos rezan para que no suba el euríbor y esperan que se revaloricen sus propiedades, si el Ministerio de Vivienda quiere, pero no puede, ¿cómo satisfacer a quienes necesitan justamente un piso y un entorno para vivir con dignidad? No se me ocurre otra solución que empezar por deslindar lo que es problema y lo que es negocio.