Alrededor de 900.000 comunitarios residentes en Reino Unido aún no han solicitado el llamado «estatus de asentamiento» (EU settlement scheme) para tener garantizados sus derechos, una vez el país abandone la UE. Las últimas cifras del Ministerio del Interior muestran que solo poco más de 2,7 millones de ciudadanos del bloque, de los aproximadamente 3,6 millones que se calcula que viven actualmente en el país (no hay datos oficiales porque hasta ahora no era obligatorio el registro) han realizado los trámites.

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Al tratarse de una salida ordenada –gracias al pacto cerrado en octubre del año pasado entre Londres y Bruselas–, los comunitarios residentes desde hace cinco años tienen de plazo para poner en orden su nuevo estatus hasta el 30 de junio de 2021. Aquellos que no lleven aún un lustro pueden solicitar el «pre estatus». No obstante, asociaciones como «3 million» –que velan por los derechos de los comunitarios– advierten de que hay aún mucho desconocimiento.

Y, por su parte, el Parlamento Europeo expresó esta semana su preocupación ante la discriminación a la que pueden enfrentarse ahora los europeos residentes, ya que aquellos que consiguen el «estatus de asentamiento» no reciben ninguna prueba física que lo demuestre, por lo que podrían tener ahora dificultades a la hora de buscar trabajo o vivienda.

Ante la ausencia de documentos físicos, en Bruselas existe ahora el temor de que se pueda repetir el «escándalo de Windrush» de 2018, cuando a muchos ciudadanos nacidos en la Commonwealth se les negó el acceso al mundo laboral, la atención médica y los subsidios a pesar de llevar décadas como residentes legales en Reino Unido pagando sus impuestos. Es más, algunos incluso fueron deportados a sus países de origen.

En este sentido, la Eurocámara pide que el procedimiento de «estatus de asentamiento» se descarte tal y como está ahora planteado, ya que los comunitarios residentes más de cinco años tienen que tener garantizados sus derechos, es decir, no deben estar sujetos a una aprobación de las autoridades.

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En Bruselas también tachan de «preocupante» la decisión de Johnson de permitir que la autoridad de supervisión independiente, responsable de vigilar las políticas de Reino Unido hacia los ciudadanos de la UE, pueda delegar sus poderes a otros organismos. En el bloque aseguran que debe ser «verdaderamente independiente» y estar operando desde el primer día tras el periodo de transición.

El que fuera presidente del Partido Conservador –que en los últimos meses jugó un papel clave en el equipo que Johnson creó para los preparativos de un posible divorcio sin acuerdo– advirtió a principios de enero de que los ciudadanos de la UE que no hayan solicitado el llamado «estatus de asentamiento» a tiempo serán expulsados del país. Aunque luego matizó que sus palabras habían sido «malinterpretadas».

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El Ejecutivo británico recalca que los derechos de los comunitarios residentes serán respetados. Asimismo, defiende que está poniendo grandes recursos para las oficinas de apoyo donde se ayuda a realizar el proceso «on line», sobre todo aquellos ciudadanos con necesidades especiales o que no tienen fácil acceso a las tecnologías, como por ejemplo las personas mayores. Las autoridades británicas aseguran que de los alrededor de 2,2 millones solicitudes recibidas solo cinco han sido rechazadas por «motivos de criminalidad».