Cada mañana la radio nos bombardea con anuncios de alarmas que fomentan el miedo al ladrón, al inquilino y al okupa. Su lenguaje refleja curiosamente el discurso oficial y los mensajes de ciertos partidos políticos. La sospecha se inocula a la sociedad y tragamos a cucharadas el jarabe del miedo. En cada consejo europeo se va consolidando una férrea conexión entre migración y seguridad, a la que se añaden la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado o las nuevas amenazas emergentes e híbridas. En todos estos ámbitos, la industria armamentística y de seguridad va tejiendo su densa red de intereses privados que penetran cuando no condicionan, los mecanismos de decisión y financiación de la Unión Europea. Hoy en día, la frontera es un concepto polisémico y omnipresente, que supera el estatismo de los muros, se mueve, es digital, se externaliza, se adapta incluso a los individuos que excluye.
Esta obsesión por el blindaje fronterizo aparece en el marco presupuestario 2021-2027, dirigido a “reforzar el papel de la Unión como proveedora de seguridad y defensa”. Se destinarán, entre otros, 30.829 millones de euros a migración y control de fronteras (2,7% del presupuesto total, 207% más respecto al periodo anterior), 24.322 millones a seguridad y defensa (2,1% del total) y buena parte de los 100.000 millones para innovación y economía digital. El exvicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen lo presentó como “la primera vez en la historia de la UE, en que una parte del presupuesto de la UE se consagra a invertir de forma colectiva para desarrollar nuevas tecnologías y equipos para proteger a nuestra población”. Se refería al nuevo Fondo Europeo de Defensa, que potenciará inversiones transfronterizas en tecnología y equipos incluido software de encriptación y tecnología de drones.

A pesar del mínimo histórico de llegadas desde 2013 y de las expectativas frustradas de los xenófobos en las elecciones europeas de 2019, el discurso antimigratorio se ha instalado en las instituciones. La Comisión Von der Leyen creó una vicepresidencia para ‘Promover (antes Proteger) nuestro Estilo de Vida Europeo’ en las que mezcla Migración y Seguridad. Cualquier otra concepción de la migración que no sea la irregular, queda invisibilizada.

Una firme agenda externalizadora aleja el control de nuestras fronteras exteriores a países de origen y tránsito migratorio, protejan o no los derechos humanos. Este proceso se consolida mediante acuerdos de retorno, las misiones exteriores de la UE y de la Política Común de Seguridad y Defensa (en Libia, Malí o Níger) o el creciente papel de Frontex más allá de la vecindad europea. La subcontratación del control migratorio sigue procesos cada vez más informales que desafían el Estado de derecho al quedar fuera del control del Europarlamento o de la jurisdicción del Tribunal de Justicia europeo como la Declaración UE-Turquía de 2016.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) nació como una herramienta institucional de apoyo técnico y especializado a los estados miembros, que aligeraba el trabajo de las instituciones y les permitía concentrarse en legislar y gobernar. Tras la revisión de su mandato en 2019, Frontex no solo ha multiplicado su presupuesto (420.6 millones de euros en 2020, un 34,6% más respecto a 2019), sino que pasa de ser un intermediario a un actor que adquiere su propio equipamiento, coordina operaciones conjuntas, ejecuta retornos, firma acuerdos con países terceros o recluta un cuerpo de 10.000 guardias fronterizos armados. Frontex suele ser criticada por su supuesta falta de transparencia y escasa atención a los derechos humanos, pero se habla poco de sus relaciones con la industria. Su lenguaje securitario parece tan solo dirigido a proteger a la ciudadanía europea, mientras que la protección de los derechos humanos de los migrantes está prácticamente ausente en su comunicación institucional.

Frontex sería el paladín que nos asegura a escala continental el blindaje de nuestras puertas y ventanas contra robos e intrusos. Nuestro hogar sería un idílico espacio Schengen donde ‘Nuestro Modo de Vida Europeo’ queda protegido de migrantes, delincuentes y maleantes. Según el barómetro de noviembre 2019 del Centro de Investigaciones Sociológiacs (CIS), los problemas más importantes que afronta España son el paro (60,3%), los políticos (45,5%), los problemas de índole económica (30,4%), la independencia de Cataluña (19%), la corrupción y el fraude (18,4%) y cinco puestos más abajo, en décimo lugar, la inmigración (11,3%). ¿La inmigración alarma realmente a los españoles?

El miedo se contagia y la sociedad asustada agradece la protección frente al ladrón, el intruso o el migrante. Étienne de La Boétie escribió en 1576 su Discurso de la servidumbre voluntaria defendiendo lo que hoy llamaríamos desobediencia civil, al cuestionar la obediencia al tirano y señalar que el hombre obedece por “costumbre”. Hoy ese tirano es el miedo que invade nuestras sociedades y parece que seguiremos dócilmente sus consignas.