Un total de 111.094 personas solicitaron asilo en Alemania en 2019, un 14,3% menos que el año anterior y tercera caída consecutiva de la cifra que el Ministerio alemán de Interior atribuye directamente a las medidas implementadas para reducir el efecto llamada, entre las que destacan las deportaciones. «Esto demuestra que las numerosas medidas emprendidas en los últimos años contra la inmigración descontrolada han surtido efecto», señala el ministro Horst Seehofer, según el cual las principales nacionalidades entre los solicitantes de asilo siguen siendo la siria, la iraquí y la turca, con 26.453, 10.894 y 10.275 personas respectivamente.

De enero a octubre de 2019, las autoridades alemanas llevaron a cabo un total de 20.996 deportaciones por parte esencialmente de los Bundesländer, aunque la Policía federal acompaña los vuelos que llevan a los solicitantes de asilo rechazados a terceros países. Para ello, la policía ha tenido que aumentar significativamente la cantidad de oficiales adjudicados a los vuelos mencionados, duplicándolos en los últimos cuatro años.

El jefe de la policía federal, Dieter Romann, se queja de que el proceso no llega a cumplir adecuadamente los plazos debido a la falta de instalaciones previas a la deportación. Alemania, que conserva el primer lugar en el número de solicitudes de asilo en toda la UE, «tiene muy pocos centros de detención», ha señalado, especificando que para los 248.000 extranjeros pendientes de deportación hay solamente 577 centros de alojamiento temporal, en los que residen a la espera de su vuelo de vuelta después de que su petición de asilo haya sido denegada. Esta escasez de alojamiento es citada por las autoridades locales como la razón por la cual a unos 119.000 se les ha otorgado un permiso temporal para quedarse.

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Estas estadísticas sólo incluyen solicitudes presentadas en suelo alemán tras atravesar la frontera, pero a ellas habría que sumar las correspondientes a los nacidos en Alemania (31.415) o personas que ya hubiesen demandado protección en otros países (23.429). A lo largo de 2019, las autoridades alemanas resolvieron las solicitudes de asilo de 183.954 personas, un 15,2% menos que el año anterior. En un 24,5% de los casos, es decir a 45.053 personas, les fue conferido el estatus de refugiados de acuerdo con la Convención de Ginebra, que da derecho a un permiso de residencia de tres años prorrogable y a solicitar la reunificación familiar.

Un 10,6% de los demandantes (19.419 personas) recibieron, por el contrario, protección humanitaria, según los datos del Ministerio de Interior, un permiso de residencia de un año prorrogable. En el caso de 5.857 individuos, la Oficina Federal de Asilo determinó que deportarlos a sus países de origen sería contrario a derecho por diversos motivos. Las demandas de asilo de 54.034 personas fueron rechazadas durante los primeros nueve meses de 2019, un 29,4%, mientras que el resto de los casos, un 32,3% del total, fueron resueltos de otro modo, como la redirección de la solicitud a otro país europeo al que llegaron primero.

Pagarse la propia deportación
El ministro Seehofer atribuye también gran poder de desincentivo a otras medidas tomadas por su departamento, como el hecho de que los solicitantes de asilo y delincuentes de origen extranjero deban pagar ahora pagar sus deportaciones ellos mismos. De conformidad con la Ley de residencia, las personas deportadas de Alemania deben pagar sus propios gastos.

Los costes actuales asociados con la deportación de los solicitantes de asilo que fueron denegados y los extranjeros que cometieron delitos de enero a septiembre de 2019 alcanzan alrededor de seis millones euros. La Policía alemana desembolsa parte de los costes, incluidos los gastos de las autoridades de los países que causaron el servicio de deportación, y las autoridades exigen la devolución del dinero a los deportados. Las notificaciones de gastos son enviadas al extranjero, si es necesario, y en caso de impago la ley permite medidas coercitivas que hasta ahora solo han aparecido sobre el papel.

En agosto, sin embargo, las deportaciones hubieron de ser interrumpidas debido a la creciente resistencia violenta de los afectados y al gran rechazo social que estas prácticas policiales cosechaban. El uso de inmovilizadores por parte de la Policía, como esposas de manos y pies, había aumentado casi diez veces, de 135 casos en 2015 a 1.231 en 2018.

En el primer semestre de 2019, los pilotos de aerolíneas alemanas o extranjeras se negaron a realizar vuelos de deportación de 335 personas, cifra revelada por una investigación parlamentaria. La mayoría de las deportaciones que sí tuvieron lugar hicieron uso de la aerolínea alemana Lufthansa, que transportó a 87 individuos, seguida por Eurowings e Iberia.

Algunos de los rechazados consiguen bloquear su traslado en los tribunales o se recluyen en iglesias que les prestan protección, aunque son solamente casos puntuales, de modo que entre los refugiados que pisan Europa ha corrido la voz de que el proceso de petición de asilo en Alemania es a menudo un callejón sin salida.