Responsables del Aita Mari denuncian en el Parlamento la sustitución de "recursos de rescate por policiales y militares"

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario ha alertado que la situación está desencadenando en una "omisión de socorro voluntaria"

Diario de Noticias, , 18-12-2019

Responsables del Aita Mari denuncian en el Parlamento la sustitución de “recursos de rescate por policiales y militares”
La ONG Salvamento Marítimo Humanitario ha alertado que la situación está desencadenando en una “omisión de socorro voluntaria”

EFE – Martes, 17 de Diciembre de 2019 – Actualizado a las 16:23h

El Aita Mari, llegando al puerto de Pozzallo, en Sicilia.
El Aita Mari, llegando al puerto de Pozzallo, en Sicilia. (EFE)

El Aita Mari, llegando al puerto de Pozzallo, en Sicilia.
Pamplona. La ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), responsable del barco Aita Mari, ha denunciado en el Parlamento de Navarra que en el Mediterráneo “se han ido sustituyendo los recursos de rescate por policiales y militares” lo que está desencadenando en una “omisión de socorro voluntaria”.

El presidente de SMH, Iñigo Mijangos, ha comparecido en comisión parlamentaria junto con el coordinador sanitario de la ONG, Filippo Aquilino, quien ha destacado la buena disposición del Gobierno de Navarra en colaborar con su labor.

Mientras Europa pone “especial énfasis en las labores de protección de fronteras”, encarga el control fronterizo a países “con múltiples denuncias sobre sus procedimientos judiciales”, ha criticado Mijangos destacando el caso de Libia, donde “no se cumplen las mínimas garantías jurídicas” y se producen numerosas devoluciones en caliente.

La cifra oficial de muertes en esta ruta, ha apuntado, se ha reducido drásticamente, pero pese a eso en 2019 se han registrado ya 1.235, una cifra en la que se incluye solo a quienes devuelve el mar o identifican los supervivientes, pero no a los botes que desaparecen en su totalidad.

El presidente de SMH ha denunciado también que su trabajo se ha visto “entorpecido” por discursos afines a que la ayuda humanitaria provoca un efecto llamada, con casos como una manifestación en Chios en contra de la apertura de un centro médico o las “múltiples demoras” sufridas por las autoridades marítimas españolas con el Aita Mari.

Esto último, ha reconocido, “ha sido especialmente doloroso” por el tratamiento de “permanente sospecha y presunción de culpabilidad” en los trámites para zarpar de Pasaia, donde se le exigió condiciones para realizar labores de salvamento que “no se exigen a otros buques e incumplen el reglamento de despachos”.

Durante su intervención Mijangos ha criticado duramente el reglamento de Dublin, un sistema “incapaz de gestionar los flujos de personas desplazadas” y que las mantienen en una situación de irregularidad administrativa durante años, “condenándoles a la clandestinidad y marginalidad” y facilitando el crecimiento de organizaciones que se aprovechan de su vulnerabilidad.

Mijangos ha explicado también la labor que realizan en el campo de Vial, en al isla de Chios (Grecia), donde trabajan desde hace dos años, unas instalaciones con capacidad para 1.000 personas pero en las que viven casi 6.000 que “son más parecidas a un campo de concentración que a un campo de registro de urgencia”.

Allí, ha dicho, existe una “falta de servicios total”, sin luz, sin baños suficientes, con cortes de agua diarios, personas durmiendo en tiendas de campaña o al raso, escasez de agua potable y una alimentación mala y escasa.

La atención sanitaria es también insuficiente, con un médico de la armada que ve a 10 personas al día y otro del servicio público. Son los únicos que proporcionan medicación y cubren el servicio, atendiendo a unas 70-100 personas al día de las que aproximadamente 30 son crónicas.

Desde la ONG también prestan primeros auxilios y triaje médico a las arribadas en las playas, puertos y acantilados de la isla, con 6.411 personas atendidas en 2019 que han llegado a bordo de 208 botes.

Desde el PSN María Biurrun ha reconocido la labor que realizan las protegiendo a los migrantes en su tránsito, una tarea en la que, ha indicado, España está comprometida, con 50.000 personas rescatadas en 2018, si bien ha matizado que el Gobierno debe también respetar la legalidad y garantizar la atención de quienes acoge.

Jabi Arakama (Geroa Bai) se ha mostrado preocupado por que la población se esté acostumbrando a las muertes en el Mediterráneo y ha denunciado que la UE está sirviendo como “aliviadero para que los Estados se descarguen de responsabilidad”.

Desde EH Bildu Laura Aznal ha señalado que es “vergonzoso” el trato que está dando Europa a las personas migrantes asegurando que “se incumple de forma reiterada” la legislación sin ninguna consecuencia por parte de unos estados miembros “hipócritas” que consideran que “hay vidas que valen más que otras”.

Ainhoa Aznárez (Podemos Ahal-Dugu) ha asegurado que se está intentando construir una “Europa fortaleza” con fronteras que “continúan siendo un instrumento de los privilegiados”.

Marisa de Simón, de I-E, ha considerado que es “extremadamente grave” que se impidan las labores de rescate de las ONG y ha subrayado que “lo fundamental es el rescate”, no dónde acoger a esas personas, algo que para ella es “un problema menor”.

Iñiaki Iriarte, de Navarra Suma, ha puesto el énfasis en el derecho que tienen los países de controlar sus fronteras debido a que tienen que garantizar el bienestar de los migrantes y eso “requiere recursos”, al tiempo que ha mostrado el convencimiento de que “una inmigración incontrolada hundirá Europa y las zonas de donde vienen estas personas”.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)