«Las personas que huyen de sus países de orígen prefieren morir antes que volver así que cualquier infierno que diseñemos en Europa, como se pretende, no va a ser disuasorio para ellas. Y mientras esto no entre en la cabeza de nuestros responsables, estaremos haciendo sufrir a la gente de manera gratuita». El presidente de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, Iñigo Mijangos, se ha referido en estos términos a la «política de opacidad»que existe en la agenda de migraciones de Europa, que «prefiere mirar de perfil con pleno conocimiento de lo que está sucediendo y no hacer nada».

Mijangos ha comparecido este lunes en Juntas de Gipuzkoa para detallar los pormenores de misión que han llevado a cabo tras 40 días a bordo del ‘Aita Mari’ en el Mediterráneo central en una dura misión que se saldó con el rescate de 79 personas. Asimismo ha expuesto la situación «insostenible» que se vive actualmente en los campos de refugiados en las islas del Egeo. «Las condiciones de vida suponen un riesgo de muerte. En Quíos, en unas instalaciones para 1.000 personas viven 6.000. Parecen campos de concentración. El olor es lo más parecido a un estercolero. La alimentación, muchas veces en mal estado, es escasa. También el agua potable embotellada. El acceso a la asistencia médica es muy limitado. Actualmente hay un médico de la armada que solo ve 10 pacientes al día. En muchas ocasiones no es posible atender a los crónicos. La mayoría vive en tiendas de campaña; algunos improvisan con juncos y plásticos y otros simplemente viven al raso. En la última remesa de vacunas facilitada por el Gobierno se recibieron 10 vacunas para 600 niños. Tenemos 24 casos clínicos complejos que necesitan derivación urgente, entre ellos personas con trasplante renal, leucemia crónica, en diálisis, con cáncer cerebral o de mama», ha detallado Mijangos, quien ha achacado como principal causante de la situación al sistema de acogida derivado del reglamento de Dublin. «La rigidez del sistema impide que las personas con necesidades especiales como las que tenemos en Quíos puedan ser acogidas en un sistema con capacidad y recursos como el de Euskadi».

En este sentido, ha solicitado a las Juntas de Gipuzkoa que hagan de altavoz y ponga en marcha las iniciativas necesarias para que sea posible solicitar un pasaporte humanitario para poder trasladar a Euskadi a las personas con necesidades urgentes, mediante acuerdos bilaterales del Gobierno Vasco y el Gobierno Central, y que éste a su vez alcance acuerdos de reubicación con otros países de la Unión Europea, Grecia y Malta principalmente, que incluya la solicitud de asilo.

También han reclamado «instar a la UE y al Gobierno de España para que modifique el reglamento de Dublín y la agenda sobre políticas migratorias para que se ajuste a la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea».

«Nosotros somos un testigo incómodo para la agenda europea de migraciones«, ha manifestado Mijangos, quien ha criticado las «demoras y retrasos» recibidos por parte de las autoridades marítimas españolas con la intención de «entorpecer nuestra labor»» Ha hablado en esta línea de la «criminalización» de la ayuda humanitaria, cuando «dar agua y cobijo a una persona en tránsito puede ser motivo de sanción». Por ello, instan a la protección de derechos de los buques de rescate y ayuda humanitaria y a facilitar la coordinación de las operaciones de desembarco en los países de la UE.

Mijangos se ha detenido en la situación que se está viviendo en el Mediterráneo, donde «se han ido sustituyendo los recursos de rescate por los recursos policiales y militares, poniendo especial énfasis en las labores de protección de las fronteras. Los principales socios de Europa en la labor de control fronterizo son Turquia, Marruecos y Libia. Italia y Malta especialmente se esfuerzan en atribuir al gobierno Libio una exclusiva actuación en la denominada zona SAR, lo que genera una franja de unos 150 kilómetros para que actúe la marina libia facilitando de facto la devolución en caliente a un país en guerra, un total de 8.613 personas este año. Durante nuestra navegación en la zona SAR Malta, entre el 19 y el 22 de noviembre los barcos de rescate y de pesca que estábamos en la zona atendimos a 485 personas. Se recuperaron 67 cadáveres y 94 están en paradero desconocido. Por todo ello es importante que el ‘Aita Mari’ permanezca como recurso de rescate en la zona de 40 millas náuticas para así poder asistir a esos botes de manera eficaz y respetar el principio de no devolución establecido en el derecho internacional«.

Todos los grupos han felicitado la labor realizada por el ‘Aita Mari’, a la vez que han reconocido que su competencia es «limitada», no obstante han hecho suyas las reclamaciones de la ONG SMH y se han comprometido a servir de impulso político para instar a las instituciones competentes a «cambiar las cosas». «Como mínimo debemos intentarlo», han concluido.