A Chaminda Crunawardana le llamó la atención el cartel de Welcome refugees colgado en el Ayuntamiento de Barcelona. Con 34 años y tres hijos, Crunawardana regentaba a principios de 2019 una empresa de electrónica en la ciudad de Colombo, en Sri Lanka. Dedicaba su tiempo libre a la organización budista Sinhala Ravaya. Las cosas se complicaron, sobre todo, después de los atentados yihadistas del pasado abril en su país. “No podía más. Me amenazaban a mí y a mí familia. Llevé a mis hijos con mi madre y huí”, explica Crunawardana. “En internet leí que Barcelona colgó Welcome refugees. Vine buscando un futuro”, asegura. Consiguió llegar el 1 de junio. En el aeropuerto de El Prat preguntó cómo podría solicitar el asilo. Le enviaron a la oficina municipal que centraliza el asesoramiento a personas migradas: el SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados). “Me dieron hora para empezar a tramitar el asilo político en febrero de 2020 en una comisaría de policía, ocho meses después de mi llegada a Barcelona. Estuve unos días en una pensión pero no me dieron más asistencia y al final me vi, por primera vez en mi vida, durmiendo en la calle”, lamenta Crunawardana. El caso de este antiguo emprendedor de Sri Lanka no es único en Barcelona, la segunda puerta de entrada —después de Madrid— de los reclamantes de asilo. Las peticiones en la capital catalana se han multiplicado pero el sistema —competencia del Gobierno central— no está dando respuesta para cubrir las necesidades básicas de aquellos que huyen del horror y, al final, es el Ayuntamiento el que intenta ayudar.

El concejal de derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ya ha asegurado en varias ocasiones que los servicios municipales realizan un esfuerzo presupuestario para alojar cada noche a 150 migrantes procedentes del SAIER. Entre ellos, familias con menores a su cargo que reclaman el asilo para toda la unidad familiar. Desde el Ayuntamiento aseguran que estos perfiles de especial vulnerabilidad no duermen en la calle. Serra reivindica la recuperación de los fondos de acogida e inmigración para las ciudades —suprimidos en 2011— para atender a estos colectivos.
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La Casa de Cádiz

Lagarder Danciu es un activista sin techo que en noviembre de 2018 okupó un local, al lado de la Sagrada Familia, donde se encontraba la antigua casa regional de Cádiz. Allí instaló el primer hostal autogestionado por indigentes de España que bautizó como La Casa de Cádiz. Danciu conoce a la perfección la calle y es rotundo al afirmar que las Administraciones mienten cuando se “llenan la boca” al decir que ayudan a los refugiados. “No hay muchas familias durmiendo en las calles pero existen. Hace un par de meses vi a un matrimonio de Venezuela con dos hijos durmiendo en este parque. Estaban a la espera de asilo y nadie les dio ninguna oportunidad. Vinieron a La Casa de Cádiz unas semanas y luego, gracias, a unas personas que conozco en Jerez de la Frontera, les enviamos allá”, asegura el activista.

En La Casa de Cádiz duermen en colchones 26 personas que vivían en la calle. Entre ellos, el antiguo empresario de Sri Lanka, Chaminda Crunawardana, a quien Danciu rescató de la calle. “Para mí, fue muy impactante la primera noche que dormí en la calle. Encontré a otros refugiados y todos llegamos a la conclusión de que Barcelona no es una ciudad de acogida. Se supone que tenemos que vivir del aire hasta que tenemos la primera entrevista para iniciar la petición de asilo”, lamenta Crunawardana.

Casilda Córdova también duerme en La Casa de Cádiz. Tiene 57 años y es del departamento de Quibdó, en Colombia. Huyó de la guerrilla hasta Medellín y desde allí hasta Barcelona. “Llegué el 10 de julio y pedí asilo. Tengo la cita con la policía el 9 de marzo”, dice Córdova. Hace pequeños trabajos e intenta subsistir en esta pequeña comunidad. Junto a ella, Habibulla Rasolí también vive en este hostal autogestionado. Tiene 32 años y procede de Afganistán. “En mi país tuve problemas con los talibanes porque no quería luchar”, lamenta Rasolí. El joven huyó a Suecia, donde se convirtió al cristianismo y pidió asilo. No lo consiguió y el 23 de mayo probó suerte en Barcelona. Tiene cita el próximo enero.

Mahdi Taraghi tiene 18 años y es de Irán: “No quiero ser musulmán y eso se castiga, en mi país, con la vida”. Llegó a España después de haber vivido en las calles de Grecia. Pidió asilo el pasado 1 de agosto en el SAIER. Tiene cita para el 24 de marzo en la comisaría. Hasta entonces intentará sobrevivir. La historia de Crunawardana, Cordova, Rasolí y Taraghi es la historia de los más de 10.000 solicitantes de asilo que acuden a Barcelona en busca de ayuda y acaban durmiendo en las calles por una burocracia que no entiende de personas.

LA CAPITAL CATALANA RECIBIRÁ ESTE AÑO 10.300 SOLICITANTES
El Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) del Ayuntamiento de Barcelona centraliza, desde 1989, el asesoramiento sobre inmigración, refugio, emigración y retorno voluntario. Toda persona migrada que necesita ayuda de cualquier tipo y pone la suela de su zapato en Barcelona es derivada a este servicio.

En el primer semestre de este año 12.332 personas fueron atendidas por el SAIER. De estas, 5.624 (el 45,6% del total de atendidos) pidieron asilo político lo que supone un incremento del 40% respecto a las 4.029 personas solicitantes de asilo en el mismo periodo de tiempo en 2018. La previsión que realiza el Ayuntamiento es que este diciembre acabe el año con más de 10.300 solicitantes de asilo, en 2018 fueron 7.433 y en 2012 solo pidieron asilo 304 personas. La previsión del Consistorio es que a final de año la cifra de menores, acompañados por sus familias, que piden la condición de refugiado sea de más de 2.700. En 2018 fueron 1.821 y en 2015 fueron 230.