El Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno central y las ONG se reunieron ayer para atajar la falta de recursos en la atención a los solicitantes de asilo en la capital. El resultado de la reunión concluyó sin medidas concretas. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio, José Aniorte, explicó a la salida que se planteó “un gabinete de crisis urgente liderado por el Gobierno central”, pero sin concretar fecha. “Lo antes posible”, según el edil, que mantuvo el encuentro con el secretario general de Migraciones, Agustín Torres; la directora de Servicios Sociales e Innovación Social de la Consejería de la Comunidad de Madrid, Gema Gallardo, y las ONG UNICEF, Save the Children, ACNUR y Aldeas Infantiles.

“Nosotros ya tenemos un comité de emergencia todos los días en nuestra secretaría de estado”, afirmó por su parte Torres. “Cada día analizamos la situación y hablamos con el Ayuntamiento, con el Samur Social, con la Comunidad de Madrid, con la autoridad competente… para buscar soluciones inmediatas”, añadió el secretario de Estado de Inmigración.

La cita, a petición del Ayuntamiento de Madrid y anunciada hace una semana, tenía por objetivo buscar soluciones conjuntas ante la falta de medios del Estado para acoger a los demandantes de asilo. Los recursos municipales están desbordados. En las últimas semanas, las personas que esperan a diario frente a las puertas del Samur Social, en el barrio de La Latina, al caer la noche dependen de la solidaridad de los vecinos, las ONG, las parroquias y las redes ciudadanas.

Un niño sujeta una pancarta en la concentración de vecinos del lunes para pedir a los políticos que actúen ante la emergencia social.
Un niño sujeta una pancarta en la concentración de vecinos del lunes para pedir a los políticos que actúen ante la emergencia social. ANDREA COMAS
Durante la reunión se abordó la situación de los siete espacios que el Ayuntamiento ofreció al Ministerio a principios de mes para albergar a los refugiados. Hasta ahora solo uno está operativo, en Cercedilla, y los demás no estarán listos en el corto plazo. “Lo que nos preocupa es encontrar espacios físicos hoy, no dentro de cuatro o cinco meses por eso estamos rechazando lugares de ubicación a medio plazo, necesitamos espacios con llave en mano”, explicó Torres.

Este año han llegado a España unos 95.000 solicitantes de asilo, el doble que en 2018. La Secretaría de Estado de Migraciones asume que no tiene capacidad para dar un techo a todos los que lo necesitan. Tampoco el Ayuntamiento de Madrid, como ha explicado en varias ocasiones.
La portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, ve necesario redimensionar el sistema de protección internacional que no se adecua a la realidad: “Llevamos más de cuatro años sin que haya habido una adaptación que cubra las necesidades de las personas que están llegando”.

Al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados le ha impresionado la respuesta de la sociedad civil que cubre el vacío que dejan las Administraciones. Ayer, pasadas las 19.00, ya esperaban frente al Samur unas 30 personas y cinco menores. El jueves, varias familias fueron alojadas por los servicios municipales y los adultos fueron derivados a plazas de la Campaña del Frío —para personas sin hogar, no específicamente solicitantes de asilo— abiertas desde este lunes. La parroquia San Carlos Borromeo, en Entrevías (Puente de Vallecas), sigue acogiendo a más de 15 personas.

MIGRACIÓN “ECONÓMICA”
El Secretario de Migraciones achacó el problema del colapso del sistema a la gran cantidad de personas que solicitan protección y que, sin embargo, no tienen el perfil para demandar asilo. “La estadística demuestra que el 95% de las solicitudes son denegadas porque no cumplen con los requisitos y eso está trasladando una presión tremenda al sistema nacional de acogida de solicitantes de asilo. Hablamos de migración económica porque es la motivación económica la que nos trasladan la mayoría de personas que llegan de Latinoamérica”, dijo Torres.

El sistema español tiene una de las tasas más bajas de concesiones de asilo. El pasado año, solo el 24% de quienes solicitaron protección internacional la consiguieron, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Un porcentaje más bajo que la media europea (32%).

Todo apunta a que el porcentaje de resoluciones favorables será aún más bajo en 2019, sobre todo por el alto volumen de solicitudes de venezolanos que se están tramitando. Los ciudadanos de Venezuela, suponen un tercio de las más de 100.000 demandas de protección internacional pendientes de resolver actualmente. Desde este verano, el Ministerio del Interior está priorizando los expedientes de los ciudadanos de esta nacionalidad. La mayoría de venezolanos no cumple los requisitos para obtener el asilo, pero actualmente son los únicos ciudadanos que, una vez rechazada su demanda, cuentan automáticamente con permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias.

Con información de María Martín.