Llegó hace dos semanas a Cassà de la Selva (Gironès) y ya ha pasado por dos pisos. Se llama Bah y tiene 25 años pero, como muchos de sus compañeros, aparenta más. Su lengua es el sarahule pero sus ojos hablan un idioma universal y dicen que tiene miedo, hambre y que no confía en nadie.
“Me ha costado mucho llegar hasta aquí y ahora quiero trabajar”, expone este joven maliense en la puerta del edificio en que vive. Por ser uno de los últimos en llegar, a Bah no le corresponde tener llaves. Tiene que esperar en la acera hasta que, a última hora del día, regrese el resto de habitantes de la vivienda, para poder entrar.
Como muchos otros subsaharianos en esa localidad, Bah va en bicicleta de un lado a otro. Su uso está tan extendido entre los inmigrantes que descubrir bicis aparcadas es la forma más rápida de saber dónde se concentran los recién llegados.
El inmueble donde vive Bah, conocido como la Santa Espina, lo construyó hace más de 30 años el Instituto de la Vivienda. “Aquí nunca habían vivido inmigrantes”, recordaba ayer la vecina del cuarto, Ángela Zurita, que se queja porque su escalera “nunca estuvo tan sucia”. “Me molesta que usen el patio como almacén de bicis, cuando es un espacio comunitario”, protesta.
Malé acaba de regresar del hospital, donde su mujer ha dado a luz. Por eso no quiere vivir con otros compatriotas, que residen en apartamentos de dos edificios que, aunque fueron bautizados Corfú y Capri, no son paradisiacos. Ni grandes.
A Yolanda, una vecina que vive en los bajos, le preocupa la ocupación masiva del piso que tiene encima. “Me intranquiliza que vivan 20 o 30 allí dentro y que un día ceda el suelo”, sostiene. Por la mañana, la mayoría de inmigrantes de Cassà trabaja. Muchos en el campo o cortando setos. El resto busca de empleo.
Un censo de la Policía Local hecho hace sólo dos semanas contabilizó 97 personas en estos dos inmuebles de cuatro plantas. El concejal de Seguretat Ciutadana del Ayuntamiento (CiU), Robert Mundet, afirma que el estudio quería demostrar la llegada masiva de subsaharianos procedentes, sobre todo, de las Canarias. “Viven en condiciones insalubres. Están en una situación de extrema pobreza, no tienen nada para comer”, describe el edil.
Este fenómeno se ha producido en las últimas cinco semanas, según Mundet, y ha provocado que haya entre nuevos 350 y 400 indocumentados. Eso ha llevado a los alcaldes de Cassà y también de Salt a pedir soluciones al subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco – Busquets. “Nos dijo que nos preparásemos porque todavía llegarían más”, dice Mundet.
El delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, negó ayer en cambio que el Gobierno haya trasladado desde Canarias a los centenares de inmigrantes que han llegado a Girona en los últimos meses. Rangel dijo que la Administración solo ha enviado a 18 subsaharianos a Girona y que el resto que ha llegado “provienen de otros puntos de España y de otros países de la UE”.