Apartir de que, a finales de la década de los años ochenta, las primeras familias de inmigrantes centroafricanos se establecieran en la localidad de Cassà de la Selva (Gironès), la población de subsaharianos de este municipio no ha dejado de crecer día tras día. Sin embargo, no ha sido hasta el momento actual cuando este crecimiento ha comenzado a generar problemas, como sucede también en otras localidades de las comarcas de Girona.
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Ahora, desde el Ayuntamiento de Cassà se ha denunciado una situación de “saturación” del contingente de centroafricanos, que hace “imposible la integración”, por lo que ha reclamado ayudas a las administraciones superiores. Las organizaciones que trabajan en favor de estos colectivos, como la delegación local de los Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals (Gramc), coinciden en reconocer que el número de subsaharianos recién llegados se ha disparado y han reclamado al Ayuntamiento actuaciones urgentes para poder hacer frente al problema.
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Para el alcalde, Antoni Baulida (CiU), el problema radica en “la llegada masiva”, dice, de centroafricanos sin documentación alguna “que el Gobierno trae a la península desde las islas Canarias y que deja a cargo de organizaciones humanitarias”. Una vez estas personas están aquí, agrega Baulida, “dan el nombre de algún pueblo o ciudad donde tienen algún familiar o conocido y donde pueden instalarse”. Este efecto llamada perjudica, según el alcalde, a los municipios “donde ya residen grandes colectivos de inmigrantes, provocando concentraciones de estos colectivos que saturan los servicios sociales municipales y están llegando a desnaturalizar a estos municipios”.
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Ante esta situación, el alcalde de Cassà, junto con su homólogo de Salt, Jaume Torramadé (CiU), han pedido al Gobierno ayuda para afrontar el problema. Una petición que no ha sido atendida ya que, según el subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco – Busquets, la responsabilidad sobre estas personas es ahora de la Generalitat y de los Ayuntamientos. Precisamente ayer, el delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, desmintió en declaraciones aRAC1 que los centenares de inmigrantes que han llegado los últimos días a Girona hayan sido trasladados por el Gobierno desde las islas Canarias y afirmó que “provienen de otros puntos de España y de otros países de la Unión Europea”. También ayer, cerca de un centenar de inmigrantes fueron interceptados a su llegada a las costas de Andalucía y de Canarias, mientras que otro cayuco con un número indeterminado de personas a bordo fue avistado navegando a unas 130 millas náuticas al sur de la isla de Gran Canaria.
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Los responsables locales del Gramc sí reconocen, sin embargo, que se ha producido un considerable incremento – que sitúan alrededor del medio millar de personas – del número de subsaharianos residentes en Cassà de la Selva desde el pasado febrero, cuando vivían en la localidad más de 1.100 centroafricanos.
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Para el Gramc, esta situación está provocando, por un lado, que estas personas tengan que vivir hacinadas en pisos “llegando a verse obligadas incluso a alquilar camas o colchones por horas”, mientras que por por otra parte, como este colectivo de inmigrantes sin papeles no están contabilizados en el censo, el Ayuntamiento “no puede percibir las ayudas que concede la administración en función del tanto por ciento de población inmigrada”.
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A pesar de ello, los representantes del Gramc consideran que el Ayuntamiento “no puede dar la espalda al problema” y tiene que “afrontar con rapidez el problema” que, entre otras cosas está provocando que “la analfabetización esté creciendo a marchas forzadas, con el riesgo que esto comporta”, señalaron. Para el portavoz del Gramc, y aparte de las ayudas que el consistorio pueda pedir a otras administraciones, “el Ayuntamiento tiene que establecer también las prioridades y determinar si considera que la inmigración es una de las principales”.
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