Sídney (Australia), 14 nov (EFE).- Papúa Nueva Guinea mantiene detenidos y “prácticamente incomunicados” a más de 40 solicitantes de asilo político, en su mayoría iraníes, en centros australianos, denunciaron este jueves Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

Las autoridades han negado el asilo político a unos 46 hombres que se encuentran actualmente en el Centro para inmigrantes de Bomana, un recinto financiado por Australia y situado en Port Moresby, a donde fueron transferidos desde la isla Manus el pasado agosto.

“Las restricciones que se les impone a estos hombres en el Centro para Inmigrantes de Bomana son peores que la prisión, al menos en las prisiones uno puede contactarse con sus seres queridos y su abogado y estos hombres no tienen contacto con el mundo exterior”, dijo en un comunicado Elaine Pearson, directora de la filial australiana de HRW.

Las autoridades papúes han forzado a estos inmigrantes recluidos en Bomana, la mayoría de ellos iraníes que han rehusado ser repatriados a su país, a entregar sus teléfonos celulares y sus medicamentos, entre ellos contra las enfermedades mentales que padecen.

Los solicitantes de asilo solamente tienen la opción de hablar por un máximo de 15 minutos con sus familias en sus países de origen o de acceder a ser repatriados, según el comunicado conjunto de AI y HRW.

“Los abusos contra estos hombres vulnerables que han sufrido sin duda en los últimos dos meses no pueden continuar y deben ser puestos en libertad urgentemente”, dijo el consejero australiano en materia de refugiados de AI, Graham Thom.

Papúa Nueva Guinea, que junto con Nauru acogió en 2012 centros de reclusión de inmigrantes indocumentados que intentaron entrar a Australia por la vía marítima, tiene en su territorio a 262 solicitantes de asilo y refugiados que fueron recluidos hace más de seis años en la isla Manus.

Los solicitantes de asilo fueron trasladados en agosto pasado a la capital papú, casi dos años después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal el centro para inmigrantes de Manus que auspició Australia desde que en 2012 retomó su política de detención de los “sin papeles” en países del Pacífico Sur.

La precaria situación de los inmigrantes indocumentados en Manus, que ha sido escenario de motines, enfrentamientos con los lugareños e intentos de autolesión y suicidio, y en otro centro en Nauru ha sido denunciada en varias ocasiones por la ONU y grupos de defensa de los derechos humanos.

En una visita no oficial a Australia en octubre pasado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, criticó la política contra los inmigrantes en Papúa y Nauru.