Con el objetivo de «reconducir la situación» de los menores extranjeros no acompañados, los llamados «menas», el Gobierno vasco les propondrá «ofertas de inserción laboral y formativa» una vez dejen de estar tutelados. El compromiso debe ser «mutuo», dado que los beneficiarios de esta ayuda deberán firmar a cambio un contrato mediante el que asumirán «unas obligaciones con la sociedad que le va a dar unas oportunidades». Lo anunció este miércoles la consejera autonómica de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, quien ya trabaja de la mano de instituciones como el Ministerio de Interior para «dar solución» a una realidad «estructural».

El Ejecutivo tratará de esta forma de abordar el problema de la inadaptación de los «menas» cuando dejan de estar tutelados por las instituciones. La vasca es de hecho la tercera Comunidad Autónoma que más menores extranjeros no acompañados acoge: a fecha de 31 de diciembre de 2018, había inscritos en el territorio 990 de estos menores, que acceden a territorio español generalmente por vía marítima.

La consejera vasca destacó en una entrevista a Radio Euskadi que los menores «están siendo bien atendidos cuando son tutelados por las diputaciones forales», si bien consideró que todavía es necesario ayudar «a quienes quieran seguir integrándose» en la sociedad vasca una vez alcancen la mayoría de edad.

De esta forma, el Gobierno autonómico, que según Artolazabal lleva meses trabajando con otras instituciones y consulados, ofrecerá a los «menas» la posibilidad de formarse e insertarse en el mundo laboral. «Los adolescentes firmarán un contrato de derechos y deberes, de beneficios y también de obligaciones y compromisos durante su estancia y formación en Euskadi», declaró la dirigente nacionalista.

Menores «autóctonos»
En el plan que está desarrollando el Ejecutivo autonómico existen todavía incógnitas. Fuentes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales explicaron a ABC que es necesario trabajar cuáles serán exactamente los derechos y deberes que deberán suscribir los menores, aunque incidieron en que lo importante es que los jóvenes tengan un «apoyo» al dejar de estar tutelados por las administraciones. No solo los «menas», sino también los menores «autóctonos» que se encuentren también en situación de vulnerabilidad.

«El objetivo es propiciar que se formalice un sistema de apoyo a los chavales», señalan las mismas fuentes, que añaden que no podrán hacer nada con aquellos jóvenes que se nieguen a suscribir el contrato.

Desde la administración autonómica recuerdan en todo caso que las competencias referidas al ámbito de la inmigración siguen estando en manos del Gobierno central. En este sentido, «lo que está reclamando Beatriz Artolazabal es una mayor corresponsabilidad entre todas las autonomías y el Estado» para procurar los recursos necesarios a los «menas» que se comprometan a cumplir con las normas del país que les acoge.

Artolazabal anunció al respecto que ya trabaja con el Ministerio de Interior con el fin de «dar solución» a una realidad que bajo su punto de vista es ya «estructural» y que requiere de la intervención de las instituciones.

No es la primera vez, en cualquier caso, que el Gobierno autonómico llama la atención al conjunto de España para hacer frente a lo que en su día definió como «avalancha» de menores extranjeros no acompañados. Un fenómeno que coincidió con un auge de la delincuencia en puntos concretos del territorio, como es el caso de Bilbao: «Están descontrolados», advirtió recientemente la presidente del PP de Vizcaya, Raquel González.