El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, pidió ayer una mejor acogida de los menores inmigrantes que llegan hasta Andalucía y rechazó su criminalización al ser vinculados con la delincuencia. Maeztu reivindicó una sociedad más «consciente y comprometida» con la acogida de estos menores extranjeros no acompañados (MENA), que se han convertido en un nuevo actor migratorio y alertó de que este fenómeno va a ir a más en el futuro. El Defensor andaluz puso de relieve la necesidad de hacer frente a la amenaza de los debates sin fundamento que asocian a estos niños con la delincuencia y que resaltan además sus privilegios frente a los que ya están aquí, así como los discursos xenófobos o de criminalización de este fenómeno. Todo ello, a su juicio, «oscurece la inmensa contribución de esta generación migrante a nuestra sociedad».

Maeztu puso de manifiesto estas reflexiones durante la inauguración en Sevilla, junto al Defensor del Pueblo nacional en funciones, Francisco Fernández Marugán, de un encuentro nacional de coordinación de todos los Defensores del Pueblo, organizadas por este órgano del Parlamento andaluz, cuya presidenta, Marta Bosquet, estuvo presente también en el acto.

Maeztu advirtió de que «los movimientos masivos de personas vulnerables en búsqueda de mejores oportunidades van a continuar e irán a más por lo que la cuestión urgente es cómo deber ser esa acogida a estos menores».

Según el Defensor, «la acogida no es una carga, es un beneficio a la sociedad y este fenómeno, que ha existido desde siempre en la historia de la humanidad no debe abordarse como un problema, sino como una oportunidad y con sentido de justicia ya que los menores extranjeros que llegan tienen el derecho a ser tratados con hospitalidad y no a ser rechazados con hostilidad», apostilló.

El Defensor autonómico hizo una reflexión también sobre lo «contradictorio» de la situación actual, porque – explicó – «los mismos países que abogan por la supresión de fronteras y el libre tránsito como premisas sobre las que construir ese mundo globalizado, supuestamente mejor y más justo, son a la vez los primeros en demandar el cierre de fronteras y las restricciones al libre tránsito, cuando estas premisas se aplican, no a las mercancías, sino a las personas».

Maeztu censuró a muchos países que parece como si solo fueran capaces de ver al inmigrante como alguien que pretende participar de sus riquezas y su bienestar y no de lo que puede aportar, poniendo el foco de atención nada más en el importante volumen de recursos que detraen de los sistemas de protección».

Asimismo, aseguró que el menor inmigrante demanda amparo y protección, por lo que reflexionó sobre «la legislación que se pretende aplicar a estos menores, que sea con preferencia la de extranjería y no la de protección de menores».

«Un niño nunca es un inmigrante porque es una persona que por su situación tiene derecho a una especial protección y tutela de los poderes públicos», concluyó el Defensor del Pueblo andaluz.