Huelva, 9 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja sentimental que había simulado tener una empresa de contratación de trabajadores para la prestación de servicios de asistencia y cuidado de personas mayores a través de la cual engañaban a extranjeros indocumentados y a las familias de dichas personas.

El perfil de los trabajadores empleados por esta empresa era el de extranjeros de origen sudamericano que hablaban castellano y que se encontraban en situación irregular en España, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Aprovechando esta situación de vulnerabilidad y el desconocimiento que tenían de la legislación española, los extranjeros accedían a los servicios que les ofertaban desde esta empresa para el cuidado de personas mayores, simulando con ellos contrataciones regulares que creaban en ellos falsas expectativas para regularizar su situación en el país.

Para la captación de estos trabajadores se hacían valer del vínculo que tenían con una asociación de ayuda a la integración de ciudadanos de la comunidad latina.

Por otro lado, los detenidos se aprovechaban de la situación de desesperación en la que se encontraban las familias que tenían familiares mayores de edad a su cargo y no podían estar con ellos a tiempo completo.

Acudían a esta empresa que tenía apariencia de legalidad y que también ofertaba sus servicios a través de internet formalizando un contrato se prestación de servicios.

Los autores de los hechos mostraban una gran especialización no solo por la visibilidad que tenían a través de internet y páginas web, sino porque además producían tarjetas de visita y confeccionaban contratos de trabajo con manejo y dominio de la legislación laboral, todo ello en aras a ofrecer una absoluta apariencia de legalidad.

La Brigada de Extranjería y Fronteras ha procedido a la detención de esta pareja por un presunto delito de estafa, contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal, al tiempo que se ha informado a la Agencia Estatal Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para depurar las posibles responsabilidades administrativas en las que hubieran podido incurrir.