España

Jiménez achaca a un "profundo desconocimiento" las acusaciones sobre la llegada de inmigrantes

La Vanguardia, Redacción, 10-10-2019

MURCIA, 9 (EUROPA PRESS) El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, atribuye a “un profundo desconocimiento en la gestión y los protocolos de actuación el acoso institucional y político que está sufriendo la Delegación del Gobierno por parte del Ayuntamiento de Cartagena y del Gobierno regional empleando una estrategia de reiteradas y estudiadas acusaciones en relación a la llegada de inmigrantes a nuestras costas en los últimos días”. En este sentido, ha lamentado “profundamente el uso político de un drama humanitario como la inmigración y considera injustificable la deslealtad de las dos administraciones en este asunto”. “Solo puedo atribuir estas manifestaciones a su ignorancia más absoluta o a un uso partidista de una política de Estado, cuyas medidas y actuaciones trascienden nuestras fronteras, con el único fin de agitar el escenario político y crear inestabilidad en esta época de precampaña electoral”, ha reiterado Jiménez. El delegado del Gobierno ha asegurado que la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, “miente” cuando afirma que el CIE de Sangonera La Verde está cerrado. “Es falso que esté cerrado. Está a pleno rendimiento, y ahí y a otros CIE de España vamos derivando a los inmigrantes a medida que se liberan plazas al ejecutar órdenes de expulsión”, ha explicado Jiménez, quien ha asegurado que el año que viene se acometerá una importante reforma y ampliación de sus instalaciones para mejorar la atención a los inmigrantes, “cuestión que no ha sido acometida por gobiernos anteriores a pesar de cifras de llegada de inmigrantes considerablemente superiores”, ha criticado El delegado del Gobierno ha desmentido que la Delegación del Gobierno haya ignorado el ofrecimiento de ayuda del Ayuntamiento de Cartagena. “Simplemente, para esas primeras 72 horas, el ayuntamiento no puede prestar ninguna ayuda de acogida, pues, durante ese tiempo, los inmigrantes sólo pueden estar bajo custodia policial y, posteriormente, los que no ingresan en los CIE, son derivados a las ONG del Sistema Nacional de Acogida, competencia exclusiva del Ministerio del Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”, ha asegurado Jiménez. El delegado del Gobierno ha insistido en que si el ayuntamiento realmente quiere ayudar “lo que tiene que hacer es mostrar la debida lealtad, dejar trabajar a los cientos de profesionales del Estado que se sacrifican personal y profesionalmente cada día para salvar a estas personas en alta mar y atenderlas con la mayor dignidad posible y esperar a que su ayuda sea solicitada”.

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL A INMIGRANTES
Según Jiménez, la posible construcción de un Centro de Atención Temporal a inmigrantes, y “el impostado” rechazo manifestado por el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, es “el ejemplo más evidente de la utilización política de este drama”. “No puede ser que una idea lanzada en marzo de 2018 por el entonces delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, del Partido Popular, fuera extraordinaria, y que ahora que lo pedimos nosotros, porque es necesario, nos acusen de fomentar el efecto llamada y de dañar la imagen turística de Cartagena”, ha criticado. Finalmente, el delegado del Gobierno ha lamentado “el fondo, y fundamentalmente el tono”, de las declaraciones de la vicepresidenta regional, Isabel Franco, en las que le acusa de hacer dejación de funciones y favorecer el efecto llamada. “Me sorprenden y decepcionan mucho las declaraciones de Isabel Franco en las que me acusa de dejación de funciones. Yo no la acuso a ella de nada ni me inmiscuyo en la situación de sus centros de acogida. Esto es una responsabilidad de todos y la verdadera dejación de funciones es acusar a los demás para no asumir tus propias obligaciones y responsabilidades”, ha concluidoJiménez. Durante este año han llegado a España 18.591 inmigrantes por vía marítima, sólo un 4,53 por ciento a través de la Región de Murcia, donde han desembarcado hasta la fecha 844 personas de forma ilegal, cifras muy similares o incluso inferiores a las de 2018, cuando llegaron en total 1.672, o 2017, año en el que lo hicieron 2.084.

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