El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, blanco de numerosas críticas desde el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Cartagena por la gestión de la ola de pateras, respondió ayer a lo que considera un «acoso institucional y político». Críticas que atribuye a un profundo desconocimiento en la gestión y los protocolos de actuación y a un «uso político de un drama humanitario como la inmigración». El delegado del Gobierno asegura que la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, miente cuando afirma que el CIE de Sangonera la Verde está cerrado. «Es falso que esté cerrado. Está a pleno rendimiento, y ahí y a otros CIE de España vamos derivando a los inmigrantes a medida que se liberan plazas al ejecutar órdenes de expulsión», dijo en una nota Jiménez. Asegura que el año próximo se acometerá una importante reforma y ampliación de sus instalaciones para mejorar la atención a los inmigrantes.

Francisco Jiménez reitera, en contra de las afirmaciones de Arroyo, que la Delegación no ha ignorado el ofrecimiento de ayuda del Consistorio cartagenero. «Simplemente, para esas primeras 72 horas, el Ayuntamiento no puede prestar ninguna ayuda de acogida, pues, durante ese tiempo, los inmigrantes solo pueden estar bajo custodia policial y, posteriormente, los que no ingresan en los CIE, son derivados a las ONG del Sistema Nacional de Acogida, competencia exclusiva del Ministerio del Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social», asegura.

El delegado también señaló, respecto a la posible construcción de un Cate (Centro de Atención Temporal a inmigrantes), que «no puede ser que una idea lanzada en marzo de 2018 por el entonces delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, del Partido Popular (PP), fuera extraordinaria, y que ahora que lo pedimos nosotros, porque es necesario, nos acusen de fomentar el ‘efecto llamada’».