Vecinos de Madrid llevan días atendiendo con comida y mantas a familias con menores a su cargo que duermen a las puertas de la sede central del Samur Social, desde que este echara la verja en el acceso al edificio, impidiendo que se resguarden en el soportal como venía ocurriendo en los últimos meses. Quienes se han topado con el cerrojazo de las administraciones municipales y estatales son, una vez más, personas solicitantes de asilo o refugiadas. 

Este miércoles, la escena volvía a repetirse. Tres mujeres con sus hijos pequeños permanecieron durante horas a las puertas de la sede de los servicios sociales de emergencias municipales madrileño, como comprobó eldiario.es, presente en la zona. Nadie les proporcionaba un lugar en el que dormir. Los colectivos sociales han denunciado que solo tras “la presión ciudadana y a la movilización de los medios de comunicación” fueron alojadas después de pasar parte de la noche en la calle. 

Aissatu (nombre ficticio) es una de ellas. La joven y su bebé de tres meses fueron devueltos a España desde Holanda en virtud del Reglamento de Dublín, la normativa europea que obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en el país comunitario donde haya quedado registrada su huella por primera vez.

Una vez en Madrid, cuenta que en Cruz Roja no podían ayudarla y que tenía que dirigirse a la sede central del Samur Social para ser atendida y poder tener un techo bajo el que dormir con su bebé. Pero al llegar este miércoles, se encontró con la verja cerrada. Al otro lado, un guarda de seguridad y algunos empleados del dispositivo municipal de servicios sociales.

En un momento de la noche, a través de los barrotes le pidieron la documentación y los papeles que lleva encima, como comprobó eldiario.es, presente en la zona. Ella los entregó, pero siguió esperando fuera hasta que, pasados unos minutos, le pidieron que entrara para hacerle una entrevista. Poco después, la mujer salió con su hijo, acompañada por dos trabajadores del Samur que arrastraban sus maletas y las dejaron en la calle, en la puerta, al lado de unos cubos que, decían, no podían mover o retirar hasta que los vaciara el camión de basura. 

“Me han dicho que no hay plaza”, dijo Aissatu enjugándose las lágrimas con una de las pequeñas telas que tapan a su bebé. En ese momento, se acerca a otras dos madres en la misma situación. Una de ellas, también devuelta por Dublín con su hija de unos cinco años y otra, solicitante de asilo con su hija de 10 años. Ninguna habla el mismo idioma y proceden de distintos continentes. Sin embargo, la sororidad entre ellas brotó al instante. Sus niñas se entretenían juntas, compartían lo poco que tienen para llenar algo el estómago y, de alguna forma, no sentirse solas a la hora de pasar la noche a ras de suelo.

Sandra vive justo enfrente de la sede central del Samur Social. Desde su balcón ve escenas como esta “casi a diario”, asegura. Por eso, ella y su marido, llevan varios días bajando a hablar con las personas con menores a su cargo que se ven en la calle, sin un lugar a dónde ir, apoyadas en la verja que blinda el centro. También bajan comida, agua, leche, libros y lápices para intentar que los pequeños se abstraigan de la situación. Les dan algo de dinero por si necesitan ir al baño de algún bar, en caso de que no les dejen acceder a las instalaciones del Samur, como aseguran que ha ocurrido. Han comprado también decenas de mantas térmicas, en vista de que llega el frío y la situación no mejora.

“Desde hace unas semanas hemos empezado a ver que las verjas se cierran y se quedan niños en la calle. Antes ya veías que era una emergencia social grave, pero de alguna manera entendías que estaban cobijados porque les dejaban estar dentro o en el soportal. Había falta de camas, pero de alguna manera había una voluntad de acogida, aunque fuera temporal y de emergencia, pero ya ni eso”, denuncia esta vecina.

Cuenta que, para ella, el punto de inflexión fue cuando hace unos días vio desde su ventana cómo a las 11:00 horas de la noche cerraban la puerta del Samur y salía una madre con cinco hijos, todos menores de 10 años. Observó cómo empezaban a acomodarse para pasar la noche a la intemperie. Entonces bajó para ver qué podía hacer. Intentó buscar una solución con el servicio de emergencias o la Policía, pero ninguno hizo nada. Finalmente, la alternativa para esa noche la encontraron en Mensajeros de la Paz. “No tenían camas, pero al menos no durmieron en la calle”, se consuela la vecina.

“Es una cuestión de emergencia social que afecta a menores. Tengo 47 años, soy de Madrid y he vivido aquí toda mi vida y nunca he visto a niños durmiendo en la calle. Como sociedad no nos lo podemos permitir, ni normalizarlo. No creo que sea algo político, sino inmoral e inhumano”, denuncia Sandra dolida y con hartazgo.

A Ignacio le basta con asomarse desde su terraza para ver esta realidad. Lleva 69 años viviendo ahí y se muestra perplejo. “Últimamente ves que no acogen absolutamente a nadie”, dice refiriéndose a los dispositivos de emergencia. “Las verjas están cerradas y, además, el trato de los trabajadores… Lo siento, lo tengo que decir, no tienen la más mínima empatía, pasan por su lado y ni los miran. Es una situación espeluznante a la que estamos asistiendo desde que el nuevo equipo de Gobierno ha tomado el poder”, apunta.

A excepción del cierre de la puerta central de la sede del Samur, la situación no es nueva. Ya en noviembre de 2018, este medio documentaba el desalojo de varias familias solicitantes asilo de la sede de los servicios sociales de emergencias municipales de Madrid. Desde el pasado año, colectivos sociales lo vienen denunciando y dando respuesta a la acogida ante el cerrojazo de las administraciones. En varias ocasiones la Red Solidaria de Acogida y la Parroquia San Carlos Borromeo han dado cobijo y acompañado a estas familias. O la Mesa por la Hospitalidad, que abre iglesias en Madrid que sirvan como techo para solicitantes de asilo y refugiados sin un lugar en el que dormir. 

La situación también ha generado malestar entre los trabajadores del Samur Social por la falta de recursos en la red de albergues. Buena parte de la plantilla protestó a comienzos de julio para “dar visibilidad a lo que está pasando” y apelar a las administraciones a que “aúnen esfuerzos para dar una respuesta a esta situación”. "Yo no puedo irme a mi casa con la conciencia tranquila diciéndole a estas familias que se quedan en calle", confesó a eldiario.es una empleada. 

En precampaña, José Aniorte, de Ciudadanos Madrid, se reunió con algunos colectivos sociales de Madrid para hablar de esta realidad y se comprometió a buscar una solución si su formación llegaba al Ayuntamiento. Quienes estuvieron presentes recuerdan que, el que es en la actualidad concejal y delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, se comprometió a revertir esta situación.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid no han confirmado a este medio que, de momento, exista ningún plan de actuación ante estas emergencias, de las que el nuevo equipo de Gobierno ya era conocedor antes de llegar al Ayuntamiento, pero aseguran que desde el verano se han reunido con “altos cargos del Ejecutivo” de Pedro Sánchez, quienes apuntan, “tienen la competencia en materia de refugiados y solicitantes de asilo”. Las mismas fuentes indican que fruto de esas reuniones salió el compromiso del Gobierno central de “trabajar para habilitar recursos para desahogar los dispositivos de emergencias de Madrid”, aunque, indican, “las cosas van más lentas de lo que quisieran”. 

El Ayuntamiento no tiene competencia directa en materia de refugio. El seguimiento y el acompañamiento de los solicitantes de asilo depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. No obstante, hasta que entran a formar parte de la red estatal o una vez son excluidas del sistema – como ocurre con los solicitantes devueltos por la aplicación de Dublín – , estas personas no tienen recursos ni lugar donde pasar la noche, por lo que se considera que están en una situación de emergencia social de la que el Consistorio sí debe hacerse cargo.

Este miércoles, ante los mensajes de denuncia recibidos en Twitter sobre lo ocurrido ante las puertas del Samur, Gabriel San Miguel, director del Gabinete del concejal, volvía a responder en la misma línea: “Todas las familias son refugiados y en consecuencia deben ser atendidos por el Gobierno Nacional. Sin embargo, han sido atendidos y se les dará alternativa desde el Samur social”.

Finalmente, las tres madres y sus hijos durmieron en un hotel que facilitó el mismo recurso municipal que horas antes les daban como única opción la calle. Pero los vecinos y colectivos lamentan que “se llegue a este límite” para impedir que los menores duerman en la calle, por eso, piden una solución definitiva y confían en que “es una situación revertible”.

“Creo que los servicios sociales, que sustentamos todos con nuestros impuestos, deberían tener un plan de emergencias, porque no se me ocurre mayor que esta”, denuncia Susana, que se fue a dormir con la tranquilidad de saber que las madres durmieron bajo un techo, pero también con la incertidumbre de qué pasará mañana a las puertas del Samur Social.