Los refugiados rohinyás están perdiendo su conexión con el mundo exterior. El millón de personas de esta minoría musulmana que están en Bangladés han visto como se han interrumpido sus comunicaciones entre los diferentes campamentos dispersos en el distrito fronterizo de Cox’s Bazar. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Bangladés (BTRC) ha ordenado a las compañías teleoperadoras que dejen de vender tarjetas SIM a los rohinyás y que bloqueen internet de 17 a 18 horas, lo que ha agravado aún más las condiciones de vida de los refugiados.

El apagón de comunicación, una decisión de la BTRC, ha aislado también a los refugiados de sus familias que aún se encuentran en Birmania (Myanmar), de donde huyeron hace dos años escapando de la brutal represión militar. Los rohinyás no pueden comprar tarjetas de telefonía de forma legal, ya que las leyes exigen un pasaporte o documentos de viaje válidos para los extranjeros.

Derechos limitados

Sin embargo, según Zakir Hossain Khan, portavoz de la autoridad reguladora, la prohibición de los teléfonos móviles nunca se ha cumplido de manera estricta y el uso de los dispositivos se ha extendido masivamente en los campos de refugiados como Kutupalong, el más grande del mundo con 630.000 habitantes. “Hemos sabido que muchos teléfonos móviles están siendo utilizados allí eludiendo las normas para comprar tarjetas SIM. Se trata de una amenaza para la seguridad estatal”, señala Khan, pero no todos están de acuerdo.

“Muchos de nuestros familiares viven en el extranjero y algunos todavía están en Birmania. Sin un teléfono móvil, ¿cómo vamos a contactarlos?”, lamenta el líder de la Sociedad de Rohinyás de Arakán para la Paz y los Derechos Humanos, Abdur Rahim, quien reconoce el derecho de Bangladés a cortar internet pero asegura que complicará todavía más la vida de los refugiados.

ONU califica crisis como genocidio

Cientos de miles de miembros de esta minoría religiosa vivían en el estado occidental birmano de Rakáin, cuando comenzaron a cruzar la frontera de Bangladés en agosto del 2017 como consecuencia de la ofensiva del Ejército birmano. El régimen de Rangún no reconoce la ciudadanía a los rohinyás y niega los abusos cometidos contra esta minoría.

La ofensiva militar acabó con la vida de 10.000 rohinyás asesinados, se cometieron actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, incendios de poblados, lo que según Human Rights Watch (HRW) equivalen a crímenes contra la humanidad. Naciones Unidas califica los hechos de “limpieza étnica de manual” con “indicios de genocidio”, calificativo que la ONU no utilizaba desde la guerra de Bosnia y Ruanda en 1994.

Los rohingyás han hecho frente a décadas de discriminación y represión bajo los sucesivos gobiernos birmanos y son una de las mayores poblaciones apátridas del mundo. Las restricciones de libre movimiento y la falta de acceso a la atención médica básica han llevado a que vivan bajo condiciones extremas.

Extrema violencia y abusos

Poco más de 30.000 refugiados, el 4% del total, han sido legalmente registrados, dejando a más de 850.000 sin un estatus o derechos oficiales, según informa ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). Así mismo, Human Rights Watch denuncia que muchos de los refugiados temen regresar a su país porque no se sienten seguros.

La oenegé Save the Children informa que la mayoría de desplazados son niños y niñas, un 55%. Muchos de ellos llegan solos a Bangladés tras días caminando desde sus aldeas arrasadas porque sus familiares han sido asesinados. Los menores sufren además traumas y pesadillas tras haber sido testigos directos o haber sufrido en primera persona episodios de extrema violencia y abusos físicos y sexuales. Según Acción Contra el Hambre, cerca de 1.600 niños han sido separados de sus familias.