A regañadientes y dejando claro que lo hacía “en contra de su voluntad”, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, permitió en la tarde de ayer el desembarco en la isla de Lampedusa de los 27 menores no acompañados que estaban entre los 134 rescatados a bordo del barco Open Arms . Pero la agonía sigue para los 107 migrantes que aún permanecen a bordo. El fundador de la oenegé, Oscar Camps, declaró que el barco estaba en “estado de necesidad” y advirtió de que ya no podían garantizar “la seguridad a bordo”, como consecuencia del estado de tensión que provoca constantes peleas en medio de unas condiciones insalubres. De hecho, tras conocer la autorización para este desembarco, la oenegé pidió algo de tiempo para poder comunicar al resto de los migrantes rescatados las noticias, “a fin de garantizar el equilibrio y la serenidad de todas las personas a bordo”, en medio de la creciente tensión en el barco después de más de dos semanas de hacinamiento en la cubierta.

El buque humanitario español se encuentra fondeado junto a la costa de Lampedusa desde hace tres días sin que se haya autorizado el desembarco total de los migrantes. Ante el deterioro de la situación a bordo, Camps lanzó un llamamiento desesperado para que Italia permita desembarcar a los migrantes que seis países europeos, entre ellos España, se han mostrado dispuestos a acoger.

Un abogado español denuncia a Salvini ante la Fiscalía General del Estado por “detención ilegal”

Pero el ultraderechista Salvini, quien mantiene un pulso de hierro con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, la justicia de su país y la Comisión Europea para impedir que pisen suelo italiano los rescatados, se niega a dar su brazo a torcer.

A través de una carta recogida por el diario La Reppublica, Salvini explicó su decisión de dejar desembarcar a los menores por la petición realizada por el primer ministro italiano. “Contra mi voluntad y en el enésimo ejemplo de mi leal colaboración, dispongo que no se pongan obstáculos a la ejecución de su decisión”, dice el ministro en la carta. “Con la misma sinceridad”, continúa, transmite su “preocupación” porque esta decisión pueda provocar que se tengan que “hacer cargo de unos sujetos de manera tan irreversible como onerosa”.

El ultraderechista, candidato de la Liga Norte a presidir el próximo gobierno italiano, sigue utilizando de forma populista el drama de la inmigración en el Mediterráneo con fines electorales. Y lo hace insistiendo en su mantra habitual de que las oenegés colaboran con los traficantes de personas, a pesar de que hasta el momento ninguna de las investigaciones judiciales que se han abierto en Italia haya encontrado evidencias en ese sentido.

Con todo, los 27 menores no acompañados del Open Arms llegaron a media tarde al muelle del puerto de Lampedusa a bordo de dos lanchas de la Guardia Costera y la Guardia de Finanzas italianas, en una operación que fue supervisada por el fiscal adjunto de Agrigento, Salvatore Vella. Concluido el desembarco, tuvo lugar una inspección de las condiciones higiénico-sanitarias ordenada por la Fiscalía de Agrigento, y que llevó a cabo la policía judicial y dos médicos del Ministerio de Salud.

En paralelo, un abogado español denunció ante la Fiscalía General del Estado a Matteo Salvini, por un delito de “detención ilegal” de las personas a bordo del Open Arms. Para el letrado Fernando Pamos de la Hoz, la Fiscalía española “no puede ni debe esconderse” de lo que “está aconteciendo en la embarcación, puesto que su pabellón y parte de su tripulación son españoles”, añadió.

Recogiendo el artículo 23 de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el abogado recuerda que corresponde a la jurisdicción española “el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte”. Según argumenta el abogado, Salvini es responsable del “menoscabo de la salud y de la integridad” de todos los inmigrantes a bordo del Open Arms, por lo que debe ser objeto de investigación. Por ello solicita el inicio de diligencias de investigación y las actuaciones necesarias “para que esta situación cese y se persiga a los responsables de ese delito de detención ilegal”. De llevarse a cabo, estas diligencias se sumarían a las emprendidas por la Fiscalía italiana, que abrió el viernes una investigación por presunto secuestro de personas, a instancias de las denuncias presentadas por la Asociación de Juristas Democráticos y por la oenegé Proactiva Open Arms.