Ha sido una de las máximas de Donald Trump desde que asumió la presidencia. No quería inmigración de esos países que llegó a definir como «agujeros de mierda», lo que en su idioma se traduce como países africanos, tropicales o centroamericanos pobres, sino inmigrantes que llegaran mediante un sistema legal que privilegie los méritos, en términos trumpianos, personas con dinero. A falta de un Congreso capaz de complacerle, la Casa Blanca anunció ayer una nueva directiva por la que, en esencia, convertirá en misión casi imposible quedarse en el país a los extranjeros con escasos recursos. La nueva normativa los define como personas que suponen una «carga pública» para la Administración.

En esta ocasión, Trump no apunta contra los irregulares, sino que pone en el punto de mira a inmigrantes en situación legal, a los que EE. UU. negará el permiso de residencia permanente (la conocida como green card) o el acceso a la ciudadanía si hacen uso de las ayudas públicas del Gobierno, aunque ellos contribuyen a su financiación con el pago de impuestos directos e indirectos. La Administración aplicará igualmente parámetros de riqueza para conceder o denegar nuevos visados. La norma no afectará a asilados y refugiados.

A partir del 15 de octubre, cualquier extranjero que resida legalmente en Estados Unidos y pretenda solicitar una green card o la ciudadanía estadounidense deberá demostrar que no ha dependido ni dependerá en el futuro de las ayudas públicas. Ken Cuccinelli, director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, explicó en rueda de prensa en la Casa Blanca que con esta acción el Gobierno de Trump pretende «reforzar la idea de autosuficiencia y responsabilidad personal», conceptos que Cuccinelli defendió como «parte central de los valores» de Estados Unidos. Por ello, aquellas personas que hayan accedido a una o más ayudas públicas durante doce meses en un período de tres años serán consideradas una «carga pública». Si se percibe más de una ayuda de forma simultánea, los meses suman doble, por lo que solo seis meses de asistencia invalidan al interesado para una residencia permanente en el país. A su vez, los consulados estadounidenses en el extranjero podrán denegar el visado a aquellas personas que no logren convencer al funcionario consular de que no hará uso de las ayudas del Gobierno.

La directiva, que probablemente será denunciada por las organizaciones de defensa de los inmigrantes ante los tribunales, se basa en una ley del año 1882 que admite que el Gobierno deniegue la entrada en el país a aquellas personas que supongan una «carga pública». Sin embargo, según Cuccinelli, «el Congreso no ha definido nunca el concepto», por lo que la nueva norma le procura una definición precisa. Entre las ayudas públicas que descalificarán a mediados de octubre se encuentran los programas de subvención de alimentos (conocidos como food stamps), ayudas para la vivienda o la asistencia sanitaria a través de Medicaid, el programa de salud para personas de bajos recursos. Inmigración tendrá además en consideración otros elementos, como la educación, edad o manejo del inglés, a la hora de valorar la solicitud del inmigrante.