Estados Unidos

Trump retirará los permisos de residencia a todos los inmigrantes con ayuda social

La medida afectará no sólo a los extranjeros ilegales sino también a los que hayan entrado en Estados Unidos de forma reglamentaria

Diario Vasco, Caroline Conejero, 13-08-2019

La Administración Trump anunció este lunes que denegará visas o permisos de residencia permanentes a los inmigrantes legales que se hayan beneficiado de ayudas públicas federales para vivienda, bonos de comida, asistencia social o el seguro médico Medicaid en el pasado o incluso a los que sean considerados posibles receptores en un futuro. Esta llamada regulación de ‘cargo público’ constituye la medida más drástica adoptada hasta la fecha para restringir la llegada de extranjeros y podría imposibilitar regularizar su status migratorio a cientos de miles de personas por carecer de un considerable estatus económico al poder exigirse incluso un depósito de hasta 8.100 dólares (7.200 euros). La normativa entrará en vigor el próximo 15 de octubre.

La disposición ha sido impulsada por el consejero Stephen Miller y otros miembros de la línea dura de la Casa Blanca para reforzar la campaña de reelección de Trump en 2020, que ha convertido la política antimigración en la piedra angular de su presidencia. Sus precursores aseguran que la única intención es que los inmigrantes sean autosuficientes y no dependan de recursos públicos para sobrevivir, sino de sus propios medios y capacidades, familias u organizaciones privadas.

El director interino de Inmigración, Ken Cuccinelli, invocó el viejo principio americano de la ‘autosuficiencia’ y sostuvo que «a largo plazo se conseguirá que los extranjeros llegados al país no se conviertan en una carga pública» y sean capaces de «mantenerse a sí mismos, como en el pasado».

Rechazo de los demócratas

La Administración Trump puede haberse inspirado en grupos conservadores como la Fundación Heritage, que han fomentado en el pasado este tipo de medidas como forma de limitar la inmigración y evitar que los extranjeros colapsen el sistema social público. El Comité de Estudios Republicano, que incluye tres cuartos de los congresistas del partido de la Cámara de Representantes, alaba también la medida y la califica de «un paso en la dirección correcta».

Por contra, los demócratas de ambas cámaras del Congreso ya criticaron fuertemente la medida el pasado año, cuando fue aventurada por Donald Trump, mientras que el Centro Legal de Inmigración Nacional anunció inmediatamente una demanda contra la nueva normativa y se espera que otros grupos proinmigración reten asimismo a la Casa Blanca en los tribunales. Su directora ejecutiva, Marielena Hincapié, señaló que tendrá un impacto humanitario decisivo y forzará a las familias a rehusar asistencia sanitaria y de nutrición cruciales para su bienestar. Durante las últimas fechas las agencias públicas por todo el país ya venían registrando una disminución en las solicitudes de programas federales de nutrición dirigidos a mujeres embarazadas y niños.
La nueva regulación basa su legitimidad en la Ley de Exclusión de Chinos de 1882, más tarde reafirmada durante el ‘Miedo Rojo’ bajo la norma McCarren-Walter, que autorizaba a las autoridades de inmigración a denegar visas a extranjeros que pudieran convertirse en cargas para los contribuyentes.

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