Perdida la ocasión de formar parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid o de hacer valer sus escaños decisivos arrancando al PP y Ciudadanos unos cuantos compromisos más simbólicos sobre su programa, Vox vuelve a la casilla de salida con los brazos caídos pero con una idea grabada a fuego para darle la vuelta a la situación e ir más allá de su pacto con el PP: «Vamos a hacer oposición».

El partido de Santiago Abascal hará mañana presidenta de Madrid a la popular Isabel Díaz Ayuso y, con ello, permitirá que se constituya un Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, pero hasta ahí llegará su compromiso en la legislatura. Una vez se produzca la investidura, Vox pretende marcar distancias y hacer pagar a ambos partidos el precio de sus 12 diputados en las votaciones de la Asamblea de Madrid. Pues resultan imprescindibles para que Ayuso saque adelante los Presupuestos o cualquier iniciativa parlamentaria. Lo mismo que está viviendo Juanma Moreno desde principios de año en Andalucía.

Esta oposición a la andaluza será, pues, el nuevo eje de actuación de Vox en la Comunidad de Madrid. Para presionar primero para que se cumpla todo lo pactado con Ayuso y para conseguir después, durante estos cuatro años, nuevas concesiones que ahora han sido frenadas en seco. Y es que las duras negociaciones con Ciudadanos han llevado a Vox a rebajar drásticamente sus exigencias en áreas como la inmigración irregular o el llamado «PIN parental» sobre el control del contenido educativo de los hijos por parte de los padres. O directamente a renunciar a ciertas banderas como las derogaciones de las leyes de género o LGTBI.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, verbalizó ayer que el rol de su partido será el de un «vigilante» y el de una «oposición férrea». Del mismo modo se expresó el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que aseguró que no están dando ningún «cheque en blanco» a Ayuso.

En este sentido, fuentes de Vox Madrid subrayaron ayer a EL MUNDO que «nada acaba con la investidura», sino que «esto empieza ahora». «La gran fuerza de Vox es que van a tener que hacer todo con nuestros votos», señalaron, incidiendo en que piensan «hacer valer» sus ideas «en cada ley y en cada Presupuesto» y que «se vigilará que el nuevo Gobierno no haga políticas de izquierdas».

En realidad, Vox lleva preparándose para este papel secundario desde principios de julio, aunque necesitaba un tiempo para escenificar un acuerdo de mínimos con PP y Ciudadanos. Que es lo que ha terminado sucediendo en la última semana, tras un constante goteo de renuncias de por medio. Y no sólo de carácter programático. Porque al final Ignacio Aguado no ha firmado ningún documento con Vox ni ha hecho un compromiso nítido y público más allá de verbalizar que el texto final «no es incompatible» con su pacto con el PP.

Lo cierto es que Vox comenzó las negociaciones utilizando el caso de Andalucía como el modelo de acuerdo de investidura que no podía repetirse, porque Ciudadanos desdeñó luego lo apalabrado entre Vox y el PP. La preferencia era entonces entrar en el Gobierno para presentar a Vox como un partido capaz de gestionar. Y utilizar Madrid como plataforma para hacer perder el miedo a Vox.

Sin embargo, el partido de Abascal ha terminado por resignarse a que la andaluza era la única vía realista para salir del bloqueo de estos meses y evitar las consecuencias de forzar una repetición electoral. Para ello, se ha asumido que el ejemplo de oposición que se está ejerciendo en Andalucía también ofrece sus posibilidades. La experiencia allí fue que tras un mal acuerdo de investidura, por la falta de garantías para que se cumpliera lo acordado, se pudo enmendar algo la situación en la segunda vuelta que fueron los Presupuestos. Y no es lo mismo tumbar unas cuentas que forzar otras elecciones con el riesgo de victoria de la izquierda.

Aunque no era lo deseado, en Vox se empezó a asumir para Madrid tener las manos libres y no atarse con Ayuso ni con las políticas que pudiera poner en marcha Cs. A partir de este rol, exigir, criticar y diferenciarse con la libertad del que está colocado en la oposición. Para presionar y recoger el descontento del electorado de la derecha, una vez que PP y Cs están vinculados para bien o para mal al resultado de su Gobierno.