madrid/bruselas. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que en lo que va de año se ha expulsado a 31.000 inmigrantes ilegales de España y admitió la existencia de “muchas dificultades” en la devolución de los subsaharianos a sus países de origen.

En respuesta al senador del PSOE José González Bethencourt en el Pleno de la Cámara Alta, Fernández de la Vega añadió que dichas dificultades existen pese a la “importante actividad” desplegada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en África para firmar convenios de readmisión y, al respecto, recordó que “ni siquiera” se cumplen acuerdos rubricados en años anteriores.

Además de reforzar la seguridad y el control de fronteras, el Gobierno ha incrementado el número de convenios con los principales países emisores de inmigrantes, pero “no sólo de readmisión, sino de cooperación y colaboración en el ámbito policial y de desarrollo”, dijo.

Tras afirmar que “por primera vez la Unión Europea se está implicando de verdad en la política migratoria”, la vicepresidenta agregó que también han aumentado los medios para la integración de los inmigrantes en España: de ocho millones de euros dedicados a esa materia en 2003 se ha pasado a 181 millones de euros en 2006.

Precisamente, el Fondo Europeo de Refugiados contará a partir de 2008 con una partida adicional de 10 millones de euros anuales que se destinarán a financiar proyectos que se pongan en marcha en casos de emergencia, como puede ser en estos momentos la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias.

La Comisión Europea decidió ayer enmendar el funcionamiento de este fondo y ampliar sus competencias a las situaciones de emergencias, para lo que contará con esos 10 millones adicionales, que se unen a su dotación de 100 millones anuales, según informó el portavoz europeo de Seguridad, Libertad y Justicia, Friso Roscam. >efe