pamplona. SOS Racismo registró el pasado año un total de 110 hechos denunciados en los que se vieron implicados unas 300 personas inmigrantes y de etnia gitana. Una cifra que lejos de descender, tras la puesta en marcha, entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005, el Proceso de Regularización Extraordinaria, ha superado ligeramente el número de denuncias que inscritas en 2004 (cerca de un centenar). Como en años anteriores, la mayoría de las personas que denuncian hechos discriminatorios son inmigrantes con papeles (el 81,80%), mientras que aquellas personas que se encuentran en situación irregular (cerca del 30%) siguen mostrándose más reacias a expresar las injusticias, precisamente por esa mayor vulnerabilidad que les supone el no tener papeles.

Estos datos fueron ofrecidos ayer por las miembros de SOS Racismo, Marta Pérez y Ainara Santaquiteria durante una rueda de prensa en la que presentaron el informe anual sobre el racismo en Navarra. Una realidad que, si se atiende al número de hechos denunciados, no parece que mejore; es más, se han incrementado en alrededor de 10 las denuncias registradas el pasado año. Así, según afirmó Pérez, el Proceso de Regularización “sólo responde a un parche” y señaló que es la Ley de Extranjería la que “continúa consolidando un marco jurídico elaborado, a partir de argumentos xenófobos, a través del cual se crean ciudadanías de segunda categoría y una ausencia total de derechos para las personas sin papeles”. Y es que, a pesar de que 700.000 personas han visto regularizada su situación en España, en la actualidad, la población que vive en una situación irregular asciende a 735.000 personas en el conjunto del Estado, de las que 13.900 residen en Navarra.

Esta situación es, según señala Pérez, sólo un ejemplo del panorama que presenta la Unión Europea. “Los países miembros están consolidando su concepción de inmigración como mano de obra y sus esfuerzos van dirigidos al blindaje de las fronteras a través de convenios con países terceros, en los que la UE delega la responsabilidad del control de los flujos migratorios”, explicó la integrante de SOS Racismo. Así, mediante la externalización de las fronteras, países como Mauritania, Libia o Marruecos, donde se violan los derechos humanos, reciben ayudas de Europa para frenar la salida de inmigrantes y admitan a las personas expulsadas. “Lo que ocurre en Canarias es fruto de esta externalización. Primero fue Marruecos, luego Mauritania y ahora parece que la frontera se está trasladando a Senegal. En definitiva, más controles, más problemas para encontrar una salida que convierten los viajes en más peligrosos”, explica Sataquiteria.

Por otra parte, las miembros de SOS Racismo tuvieron una mención especial para el colectivo gitano, que conforma la minoría más numerosa de Europa y que “siguen sufriendo discriminaciones en el acceso a la sanidad, educación, vivienda y empleo”. Esta organización aplaudió la creación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, pero exigió que “este tipo de iniciativas vayan más allá de las buenas intenciones y se apueste por políticas reales que defiendan la igualdad de oportunidades”.

crítica al fiscal jefe SOS Racismo criticó la publicación de una clasificación de delitos realizados por extranjeros, presentada en 2005 por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y que tacharon de “parcial y distorsionada”. “Se habla de un aumento de delitos, pero no se cita el crecimiento de la población inmigrante”, señaló Pérez y añadió que “tampoco dice que la mitad de los supuestos delitos cometidos por extranjeros fueron detenciones por faltas administrativas relacionadas con la Ley de Extranjería”.