El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, descartó ayer que los buques de la Armada española puedan desplegar una misión de blindaje de las costas canarias para evitar la llegada de inmigrantes irregulares subsaharianos.

Alonso daba de esta forma una respuesta tajante a la petición del Gobierno canario, desbordado por la afluencia continua de cayucos hasta sus playas.

A bordo del portaaviones Príncipe de Asturias, en la que ha sido su primera visita oficial a una unidad militar en territorio nacional, José Antonio Alonso se refirió a las posibilidades de que la Armada participe en las operaciones previstas para frenar la inmigración ilegal, enmarcándolas exclusivamente en una labor de «apoyo» al trabajo que debe desarrollar el Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

Según sus propias palabras, «no es competencia constitucional del Ejército controlar la inmigración». El titular de Defensa precisó que «en la mar lo que hay que hacer es socorrer» y, a partir de dicha premisa, recalcó que los Ejércitos – esencialmente las fuerzas navales y aéreas – «están a disposición del Gobierno».

Igualmente, el ministro afirmó no conocer con precisión los términos de los acuerdos alcanzados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en Bruselas.

La número dos del Ejecutivo logró el martes la promesa de formación de una fuerza de reacción rápida integrada por ocho países con el fin de poner freno a la llegada de inmigrantes sin papeles.

A juzgar por las palabras, ayer, del ministro de Defensa, la Armada española no incrementará su presencia en la zona más allá del trío de patrulleras y los aviones que ya ha desplegado para realizar labores de control de aguas. «El control de la inmigración», reiteró el ministro, «corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, pero no a las Fuerzas Armadas porque no es una misión de naturaleza militar». «Si así lo hiciéramos», añadió, «nos equivocaríamos profundamente».

Alonso sólo abrió un margen para la actuación de los buques militares al hacer referencia a posibles labores de «disuasión» ante los barcos nodriza, es decir, aquéllos que parten de las costas africanas cargados con varios cientos de irregulares que son abandonados en cayucos en los límites de las aguas territoriales españolas.

Sin embargo, descartó plenamente que este tipo de trabajo pueda realizarse con las pequeñas y frágiles embarcaciones que transportan a varias decenas de personas. «El trabajo de las Fuerzas Armadas», insistió el ministro, «es el de controlar y vigilar el mar y prestar ayuda humanitaria si es necesario».

Preguntado por otros asuntos como la permanencia de la bandera nacional en el Castillo de Montjuich, una vez que sea plenamente cedido a la ciudad de Barcelona, Alonso confirmó que este punto es «irrenunciable».

No obstante, dio por hecho que en las conversaciones que mantiene con los representantes de los partidos catalanes será posible alcanzar el acuerdo. Previsiblemente, éste pasará por retirar del proyecto de ley de cesión, aprobado por el Consejo de Ministros, la referencia a la obligatoriedad de que la bandera ondee en el castillo en lugar preferente junto a las de Cataluña y Barcelona, remitiéndose simplemente a la Ley de Banderas y Símbolos que regula la presencia de la enseña nacional en los edificios oficiales.