El plazo concedido por EE UU expiró y este fin de semana el secretario de Estado Mike Pompeo viajó a la Ciudad de México para certificar que se han cumplido las exigencias impuestas por el presidente Donald Trump para que México reduzca el número de migrantes que llegan a la frontera. Ayer. Pompeo se reunió en privado con el secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard y «reconoció los significativos avances de los operativos mexicanos en cumplimiento del acuerdo entre ambos países alcanzado el 7 de junio en Washington», según un comunicado emitido por la cancillería mexicana que no aporta más detalles. Ebrard destacó que «en virtud de dichos avances» no se va a iniciar una negociación para que México se convierta en tercer país seguro, uno de los mayores temores de la Administración mexicana, a pesar de que ya está ejerciendo como tal al aceptar que los centroamericanos que esperan asilo en EE UU permanezcan en su territorio. El 7 de junio la tensión estaba disparada por las amenazas vertidas por Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tomaba medidas eficaces para contener el flujo migratorio. La Administración mexicana logró salvar el ultimátum pero se comprometió a aplicar una serie de medidas que enterraban definitivamente su política de «brazos abiertos» que hasta el momento había entregado visas humanitarias y permisos de trabajo. El acuerdo daba 45 días a México para presentar resultados, un plazo que finaliza hoy, al parecer, con resultados satisfactorios para Trump. Desde que entró en vigor el acuerdo hay menos migrantes intentando cruzar. En mayo la patrulla fronteriza detuvo a 144.000 personas, una cifra récord desde el año 2006. Al mes siguiente, cuando ya estaban en marcha las medidas de México, las detenciones bajaron casi un 30%. El dato cambia la tendencia de todo 2019, en el que cada mes hubo más detenidos por cruzar de forma irregular.

En un viraje radical, durante el mes de junio López Obrador desplegó casi 30.000 militares en ambas fronteras y aumentó la plantilla de agentes migratorios que incrementaron los controles transportes, carreteras y alojamientos. Un plan de contención que se extenderá durante los próximos 45 días, según confirmó el canciller Ebrard tras su encuentro con Pompeo.

En virtud del acuerdo de junio, México también transigió también con algo a lo que se había resistido históricamente. Que los solicitantes de asilo en Estados Unidos puedan esperar la audiencia con el juez en territorio mexicano. Por este sistema más de 18.000 centroamericanos han sido entregados a México por Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, cuya red de albergues funciona muy por encima de su capacidad. Este fin de semana entró en funcionamiento otro punto de devolución en Brownsville (Texas), limítrofe con Matamoros en el estado de Tamaulipas, donde hay presencia del crimen organizado y las autoridades estadounidenses aconsejan no ir por la violencia y los secuestros.

Mike Pompeo y Marcelo Ebrard también acordaron este domingo crear un grupo binacional para recuperar los bienes y activos vinculados con Joaquín “El Chapo Guzmán”, recién condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y México solicitó además que Washington despliegue un operativo para frenar el tráfico de armas en cinco puntos fronterizos, por su vinculación directa con la elevada inseguridad.