BRUSELAS- Tras las elecciones europeas del pasado 26 de mayo, Vox decidió no sumarse a la alianza de la extrema derecha, que bajo el liderazgo de Matteo Salvini, ha logrado convertirse en la quinta fuerza más numerosa en la Eurocámara con 73 eurodiputados. La extrema derecha española marcaba distancias con sus homólogos europeos aunque, en su fuero interno, no son tantas las diferencias con el resto de ultras en el bloque comunitario.

Los tres eurodiputados de la ultraderecha española optaron, en su lugar, por sumar fuerzas con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Un heterogéneo grupo de 62 eurodiputados que engloba a los ultraconservadores polacos de Ley y Justicia (PiS), los conservadores británicos o los nacionalistas flamencos del N-VA, los socios de Carles Puigdemont en la Eurocámara. Hermanos de Italia, el partido más a la derecha de La Liga, también está en la sexta familia política.

Entre los motivos para elegir esta formación europea, el partido de Santiago Abascal aduce “el respeto a la soberanía e integridad de España” así como la madurez de un grupo “consolidado, con casi una década de experiencia y con una probada capacidad de influencia en la actividad parlamentaria europea”.

Aunque entre las motivaciones, no públicamente expresadas, se encontraba también la necesidad de huir de la etiqueta de la extrema derecha al unirse con el bloque más xenófobo y ultra del hemiciclo comunitario, las vinculaciones con la Rusia de Vladimir Putin de líderes como Salvini o Marine Le Pen o los postulados proteccionistas de sus partidos, una diferencia esencial con la agenda ultraliberal de la formación española. Pero los hechos evidencian que la distancia entre Madrid y Roma y los dos rostros visibles de las extremas derechas mediterráneas no es tan alta como se presupone. A su agenda nacionalista, la nostálgica admiración por el pasado “glorioso” de sus patrias o la animadversión por la inmigración ilegal, sobre todo si carece de activos financieros, se les suma ahora el odio hacia la diversidad.

Los dos grupos han encontrado, a través de las instituciones, la posibilidad de criminalizar a aquellos que aun teniendo su mismo pasaporte, no encajan en el modelo de Italia y España que desde la Liga y Vox, respectivamente, se impulsa.

Salvini, que en las últimas semanas ha alcanzado su cota de popularidad más elevada rozando el 40% en las encuestas, se ha visto salpicado por un caso de “supuesta” financiación ilegal de su campaña europea con fondos rusos. El líder de la Liga, sin embargo, no ha tardado en reaccionar y espolear de nuevo la ola de racismo que asola al país transalpino.

Según informa el diario italiano La Stampa, el ministro del Interior ha enviado una circular en la que se solicita un “informe sobre la presencia de romaníes” en el país en el plazo de dos semanas. El objetivo es, aseguran desde el Ministerio, obtener una imagen “clara” de los asentamientos de ciudadanos italianos gitanos para “preparar un plan de desalojos”, como los que ya ha dirigido, e incluso protagonizado, el titular de Interior contra los inmigrantes asentados en “campamentos ilegales” en toda Italia. – Alberto S. Camarasalta/A.E.