El relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes, el chileno Felipe González Morales, instó este miércoles al Gobierno de Hungría a aliviar su restrictiva política migratoria y eliminar su narrativa de una supuesta “emergencia migratoria” que consideró como “innecesaria”

“El gobierno debe darse cuenta de que la situación no es la misma de hace algunos años. Por eso que le estamos llamando a que cambie sus políticas”, dijo González Morales a Efe en Budapest.

El relator concluyó hoy una visita de 8 días a Hungría, donde se entrevistó con representantes del Gobierno.

Durante esa misión visitó centros de acogida e instalaciones migratorias en la frontera, como las llamada “zonas de tránsito”, donde los solicitantes de asilo deben esperar encerrados el final de sus trámites.

El gobierno del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, aplica en Hungría desde 2015, cuando fue país de tránsito de centenares de miles de refugiados de Oriente Medio, políticas restrictivas frente a la inmigración, que incluso llegó a criminalizar por ley.

“Por una parte disminuye la inmigración, por otra parte se adoptan medidas adicionales restrictivas, como la criminalización”, señaló el relator, quien recordó que desde 2015 se prolonga cada seis meses el estado de emergencia por la migración.

Al mismo tiempo, el número de solicitantes de asilo ha disminuido drásticamente, hasta pocos casos o ninguno por día.

Por otra parte, González Morales añadió que debido a esas políticas se ha reducido también el número de organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan con los solicitantes de asilo.

“Las políticas del Gobierno (húngaro) producen un efecto inhibitorio en las ONG”, subrayó el relator.

Es que una de las legislaciones adoptadas por el Gobierno de Orbán penaliza con cárcel “el apoyo a la inmigración ilegal”, sin concretar el contenido.

El relator opinó que en varios países occidentales hay políticas contrarias a la migración, pero señaló que “el caso de Hungría es distinto, ya que se trata del Gobierno central, que tiene otro nivel de poder y de alcance en la población. Eso tiene un impacto mayor”.

En lo que se refiere a las zonas de tránsito, donde los solicitantes deben esperar el final de sus trámites que en la mayoría de los casos concluye con rechazo de todo tipo de amparo, González Morales dijo que “la gente allí está muy deprimida”.

“Impresiona ver esa área rodeadas de alambres con púas, los niños jugando”, acentuó, tras precisar que actualmente hay 280 personas en esas zonas, de las cuales el 60 % son menores de edad.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo al que informa el relator, tiene previsto presentar en 2020 un informe sobre la situación de los derechos humanos en relación con los inmigrantes. EFE