Las redadas masivas contra inmigrantes indocumentados que Donald Trump se propone desatar a partir del domingo son «acciones brutales que van a aterrorizar a niños y separarán a muchas familias», clamó ayer la presidenta de la Cámara de Representantes y tercera autoridad de Estados Unidos, Nancy Pelosi. «Las familias deben permanecer unidas, todos en nuestro país tienen derechos», dijo la dirigente demócrata en un intento de torcer la voluntad del presidente republicano. Pero, según ‘The New York Times’, la cacería tantas veces anunciada y pospuesta a regañadientes por el mandatario ya tiene fecha.

Agentes del Servicio de Inmigración de EE UU (ICE por sus siglas en inglés) se desplegarán en diez ciudades, entre las que figuran Chicago, Baltimore, Nueva York , Houston, Los Ángeles o Miami. Las ONG que ayudan a los inmigrantes se preparan desde hace semanas para afrontar la ofensiva y autoridades como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, o el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, garantizan que «todos ellos tengan la protección que les brinda la ley». Garcetti dice que hará respetar la condición de Estado «santuario» de California, que impide a las policías locales colaborar con el ICE en un capítulo, el migratorio, de competencia federal.

Los funcionarios del Servicio de Inmigración que informaron al diario neoyorquino aseguran que tienen a millones de nombres en su lista de personas susceptibles de deportación, pero resistencias internas en el ICE y, sobre todo, incapacidad logística para cumplir con las ambiciones de Trump obligan a dirigir la andanada contra unos 2.000 indocumentados.

Como recordó Pelosi, la situación de irregularidad administrativa de muchos de los inmigrantes no les impidió formar familias, con hijos nacidos en territorio estadounidense que ahora serán separados de sus padres. La ‘marca de la casa’ de la política migratoria del presidente que ha venido rigiendo también en la frontera con México.

Aparte del drama que supone que los niños tengan que aguardar – se dice que en habitaciones de hotel junto a funcionarios del ICE – a que un familiar en situación legal se haga cargo de ellos, se anticipan «deportaciones colaterales»: las de los inmigrantes irregulares con los que se topen los funcionarios, aunque no sean objeto de búsqueda en ese momento. El Servicio de Inmigración ya dispone de las órdenes judiciales, por lo que avanza que las deportaciones serán expeditivas. De los afectados concretos poco se sabe, porque la Administración tan pronto habla de que incluirá a recién llegados para disuadir a los que estén planeando entrar ilegalmente en EE UU como de detener a aquellos que cuenten con un historial de delitos.

La ofensiva del presidente contra la inmigración, clave en su acción política y en sus expectativas de reelección en 2020, ofrece aún otro flanco que le obsesiona: el censo, que EE UU tiene que renovar el próximo año y en el que pretende incluir una pregunta sobre la nacionalidad de las personas porque, según defiende, tiene derecho a saber cuántos ‘no ciudadanos’ viven en el país. Durante toda la jornada se barajó que Trump anunciaría una acción ejecutiva, un decreto, para imponer la cuestión en los formularios que ya tendrían que estar impresos.

Anoche, sin embargo, la cadena ABC News informó de que el mandatario habría dado marcha atrás y trataría de obtener la información sobre el origen de los residentes en EE UU por otros medios. El Tribunal Supremo se pronunció en contra de que Trump preguntara por la ciudadanía en el censo, una material que es competencia del Congreso y en la que el presidente tiene autoridad limitada.