El Defensor del Pueblo a nivel nacional ha abierto una actuación de oficio para investigar, al igual que su institución homóloga en Andalucía, la muerte de un joven marroquí de 18 años en el centro de menores infractores de la Junta en la localidad almeriense de Oria.

La institución estatal que dirige en funciones Fernández Marugán se suma así la investigación abierta también por el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Menor, una iniciativa que coincide con las sospechas de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ejerce la acusación popular en la instrucción judicial, sobre las causas del fallecimiento ya que ve un potencial homicidio imprudente.

El Defensor del Pueblo de España ha solicitado información tanto a la Fiscalía como a la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia de la Junta de Andalucía. También la institución andaluza que dirige Jesús Maeztu ha pedido información en relación a la actuación y el cumplimiento de los protocolos que se siguieron en la aplicación de las medidas de contención previstas para dar respuesta a una situación de agresividad y violencia.

La acusación particular de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha anunciado que va a cambiar la orientación y estrategia en la defensa del menor fallecido al apreciar un uso excesivo de la fuerza en la contención del joven que le hayan podido llevar a fallecer por una asfixia mecánica, aunque están a la espera de contar con el informe definitivo del forense y del informe del Instituto de Toxicología para determinar la imputación del presunto delito de homicidio imprudente.

El vicepresidente de la Junta y responsable de los centros de menores infractores como consejero de Justicia, Juan Marín, rechazó cualquier tipo de especulación sobre la muerte del joven y supeditó todo al resultado final de las investigaciones abiertas y la instrucción judicial. En este sentido, Marín pidió «respeto y prudencia» y tratar este asunto con la delicadeza que requiere». Además, aclaró que su departamento no tiene conocimiento de ningún informe de la autopsia sobre las causas del fallecimiento y todo lo que se especule con este caso es imprudente

Además, el número dos del Gobierno andaluz recordó que el caso se está investigando en el juzgado de la localidad almeriense de Purchena, y también por su departamento a través de una investigación interna para conocer con exactitud los hechos.

Marín defendió los protocolos de actuación que, a su juicio, «funcionaron tal como estaban establecidos y que cuando una persona parece que está autolesionándose y se produce una situación violenta, se sigue dicho protocolo con total rigor».

Asimismo, hizo alusión a las imágenes grabadas con todo lo acontecido por el sistema de vigilancia y seguridad que tiene el centro de menores, que han sido remitidas ya al juzgado para esclarecer todo lo ocurrido.

Desde Adelante Andalucía pidieron a la Junta que se «depure toda la responsabilidad». Su diputada, Maribel Mora, criticó la gestión de este centro que cuenta con «un amplio historial de quejas y denuncias por violencia y abuso en la aplicación de las contenciones mecánicas, inadmisible en una comunidad autónoma comprometida con los derechos humanos, por lo que hay que aclarar si la brutalidad va a seguir siendo la pauta dominante en el trato a jóvenes infractores».

El joven marroquí murió el pasado 1 de julio tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando era reducido en una situación de agresividad. Las causas de este fallecimiento están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción Único de Purchena.